Efectivos de Gendarmería Nacional ejecutaron nueve allanamientos en viviendas de distintos puntos de la provincia de Santa Fe, como parte de la investigación que involucra a Carlos Andrés Vaudagna, que dirigió las delegaciones de AFIP de Santa Fe y Rosario.
Las operaciones, dispuestas en el marco del expediente “Vaudagna, Carlos Andrés sobre encubrimiento, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público”, abarcaron domicilios en los departamentos La Capital, Las Colonias, San Jerónimo, Castellanos y Rosario.
Entre las localidades allanadas se incluyen la ciudad de Rosario, Rafaela, Humberto Primo, Bernardo de Irigoyen y Santa Fe capital. Según fuentes oficiales, los procedimientos no incluyeron órdenes de detención, pero sí apuntaron al secuestro de elementos probatorios relevantes para la causa.
El trasfondo del caso
La semana pasada, el despacho del juez federal Nº 4 de Rosario, Marcelo Bailaque, fue allanado y se incautaron los teléfonos celulares del magistrado y de su secretario. Además, hubo procedimientos en oficinas vinculadas a la ex AFIP, ahora conocida como ARCA, relacionados con una trama en la que también figura Vaudagna, quien actualmente se desempeña como asesor externo de la entidad.
El caso involucra al fiscal provincial Miguel Moreno, quien investiga delitos de estafa que salpican a los directivos de la empresa Vicentín. A partir de escuchas telefónicas, se identificaron conversaciones que intentaban justificar el origen de 200 mil dólares encontrados en una caja de seguridad en la sucursal Reconquista del Banco ICBC. Estas pruebas señalaron a Omar Scarel, directivo de Vicentín, y a su hijo Gastón, aunque posteriormente Vaudagna reconoció ser el propietario del dinero hallado.
Los 200 mil dólares y la probation de Vaudagna
En un hecho controvertido, Vaudagna obtuvo una probation en el ámbito provincial tras admitir que los fondos pertenecían a él. Como parte de esta medida, se le impuso una multa de un millón de pesos y la obligación de dictar clases en un colegio. Sin embargo, el fiscal federal de Reconquista, Roberto Salum, cuestionó la resolución, señalando que el delito no debía calificarse como falsedad ideológica, sino como lavado de activos agravado, considerando la jerarquía de Vaudagna como funcionario público en el momento de los hechos.
La investigación, que ya implicó altos funcionarios, empresarios y un juez federal, sigue revelando conexiones y presuntos actos de corrupción en distintos niveles de poder. Las autoridades continúan recopilando evidencia en lo que promete ser un proceso de alto impacto político y judicial.
Con información de UNO Santa Fe
