El Certificado Único de Discapacidad (CUD) ya no tendrá vencimiento para las personas con discapacidades permanentes. Así quedó establecido el 6 de marzo por el Gobierno Nacional, a través de la Resolución 322/2023 de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) publicada en el Boletín Oficial.
El objetivo principal: Agilizar el trámite de aquellas personas con discapacidad que lo necesitan de forma permanente.
A través del CDU, las persona con discapacidad pueden acceder a la atención y a los recursos tanto del área de salud como de otras, y recibir de manera gratuita el tratamiento integral que les sea requerido sin importar su condición económica, social o cultural.
A dos meses desde que el CDU ya no requiere de ser renovado de manera permanente, NA conversó con Daniela Aza, comunicadora social experta en Discapacidad, diversidad e Inclusión, para conocer detalles de la implementación y la nueva manera de tramitar el CDU.
“Sin dudas es una buena noticia los cambios en la ley”, reconoce Aza y explica: “Creo que, en gran medida, llega como producto de un reclamo que venimos haciendo todas las personas con discapacidad, referentes, especialistas, profesionales y familias de personas con discapacidad en relación a la necesidad de modificar los términos de la renovación del certificado de discapacidad cada una cierta cantidad de años”.
“Con estos cambios, –continúa la experta- se simplifica, agiliza y flexibiliza el duro camino que personas con discapacidad teníamos que atravesar cada vez que se nos exigía renovarlo, aun en casos donde la discapacidad es permanente, como sucede con personas sordas, ciegas o con síndrome de Down, entre otras. Como la ley fue reglamentada hace muy poquito ahora tendremos que ver cómo se aplican en cada caso y sobre todo, asegurarnos de que se cumpla”.
Por otro lado, entre las novedades, Aza desataca la mayor capacitación y formación para las juntas evaluadoras que ahora prevista y, al mismo tiempo, se muestra entusiasta con el propósito fijado que busca “simplificar los pasos burocráticos atendiendo a las nuevas tecnologías”.
El camino hacia una ley más inclusiva
Esta ley que fue aprobada en noviembre del 2022 por la Cámara de Diputados y en marzo de este año en Senadores, según Aza, es “el resultado de un camino largo en el que venimos siendo consultadas las personas con discapacidad y sus familias, con el objetivo de acceder más fácilmente a los derechos que nos incumben, escuchando en primera persona cuales son las necesidades que aún no están cubiertas”.
El punto nodal está en que las personas con discapacidad puedan ser realmente libres y tengan la posibilidad de participar más activamente en todos los entornos sociales. A su vez, asegura que uno de los cambios más positivos de la ley es, sin dudas, el cambio en el vencimiento del certificado.
“La fecha de vencimiento seguirá existiendo y estará bajo la supervisión que sea requerida en cada caso, pero ahora, lo más positivo es que se tendrá en cuenta a las personas con discapacidades permanentes para que ellas ya no tengan que pasar por trámites incomodos y probablemente dolorosos tanto para ellas como para los familiares a cargo”, explica.
Como dice Aza, este cambio está pensado especialmente para las personas con discapacidades en las que no se ve modificada su situación con el paso del tiempo, como sucede en personas ciegas, sordas, con síndrome de Down o con discapacidad motriz fija y permanente como la que tengo tiene Daniela, entre otras.
-Cuando se te pregunta si somos una sociedad realmente inclusiva soles manifestar que todavía falta mucho. ¿Cuáles son los principales aspectos que observas que deberíamos tener en cuenta a diario cualquier persona de la sociedad civil para aportar hacia una sociedad efectivamente más inclusiva?
-Sí. Realmente nos falta mucho como sociedad para poder hablar de una verdadera inclusión, que sea coherente y realmente autentica. Tiene que ver con las actitudes que tomamos en la vida cotidiana, que todavía están muy vinculadas con pensar que la persona con discapacidad siempre es alguien que sufre, que padece su condición, que no puede disfrutar, que no sale de su casa, entonces la mayoría de las veces la opción victimizarla y ponerla en una posición inferior a través de la pena y la compasión. Esa concepción de la discapacidad es algo que también es necesario revisar y mejorar como sociedad.
Por otro lado, al momento, la persona con discapacidad sigue estando muy ausente de la mayoría de los entornos cotidianos que el resto si tiene acceso.
Entonces, hasta que no podamos generar entornos equitativos y abiertos para todas las personas, vamos a estar en falta y no vamos a ser verdaderamente inclusivos. Todavía es una gran asignatura pendiente pensar a la discapacidad como parte de la agenda cotidiana, tanto desde los medios de comunicación, desde el Estado y desde la sociedad civil en su conjunto. Tenemos que derribar muchos prejuicios y mitos acerca de las personas con discapacidades y dejar de asignarles la etiqueta de “eternos niña/os”.
Puntos claves del CDU No renovable
La primera etapa, de implementación inmediata, prevé que los CUD se emitan sin plazo de vencimiento, tanto en su versión física como digital, previendo, a su vez, un período en el que el Estado tomará contacto con la persona con discapacidad para acompañarla y mantener sus datos actualizados, cuestión clave para asegurar el acceso a derechos, prestaciones y servicios derivados de la certificación, como así también para mantener los registros actualizados que sirven para diseñar y ejecutar eficientemente políticas públicas para las personas con discapacidad.
Las instancias de acompañamiento y actualización se efectivizarán con una periodicidad entre los 5 y 15 años -en todos los casos-, contados desde la certificación inicial o de la instancia de actualización correspondiente, mediante un contacto y acercamiento fehaciente por parte del Estado, a través de los canales y vías de comunicación existentes y de los que se implementen en el marco de la innovación tecnológica planificada a tal efecto.
La implementación de estas mejoras requerirá la adopción de diversas medidas administrativas, normativas y tecnológicas que se irán formalizando paulatinamente, salvaguardando, en todo momento, la continuidad ininterrumpida del acceso a derechos, prestaciones y servicios por parte de las personas con discapacidad.
