Durante un mes tensionaron el clima político hasta un nivel que no se había registrado con anterioridad. La ampliación presupuestaria requerida por el Ejecutivo del orden de $ 2.686 millones para el ejercicio en curso disparó fuertes cruces entre representantes de la oposición y el oficialismo, con casos puntuales que se fueron al pasto y desmerecieron la función pública que cumplen.
El interbloque opositor había condicionado la aprobación del proyecto para incrementar el cálculo de gastos anual al envío, por parte de la intendencia, de la lista completa de trabajadores municipales en actividad, una suerte de Santo Grial de la administración municipal, inhallable hasta la actualidad.
Ese pedido tuvo suerte dispar, en un contexto de peleas, verba inflamada, y con un gremio en alerta por la presunta paralización del pago de haberes por parte del Ejecutivo en caso de no contar con el visto bueno legislativo para estirar las partidas.
Primero, la gestión municipal rehuyó enviar ese informe de personal al Concejo, con lo cual las negociaciones quedaron congeladas, luego accedió a remitir la nómina pero sin el detalle de los sueldos que perciben empleados, contratados y precarizados, y más tarde encontró la forma para allanarse al deseo de los ediles de Unidos y destrabó lo que parecía encaminarse a una discusión eterna.
En las semanas que duró la mise en scene por el control y destino de los dineros públicos, tanto ediles contrarios al signo político gobernante como funcionarios del Ejecutivo parecieron estar gestionando el conflicto en universos paralelos, tal el título de la canción que fue hit y que en física refiere a la existencia de realidades relativamente independientes.
La escaramuza política que con el correr de los días se volvió guerra de trincheras comenzó con un pedido formal del Ejecutivo de ampliar las partidas. Un esquema que dadas las variables inflacionarias se aprobó sin problemas en los años anteriores, muy a pesar de los ediles de la UCR y el PRO que invariablemente quisieron hacerse de la lista de personal que trabaja en el municipio -estaría alrededor del 1.900 personas-, siempre con suerte esquiva en razón de la mayoría que ostentaba el peronismo, y de la renuencia del Ejecutivo.
En esta oportunidad, la solicitud del gobierno de elevar los montos proyectados para funcionamiento se topó con una realidad distinta en el Legislativo local: la oposición, que pasó a tener mayoría propia desde el 10 de diciembre pasado, se puso firme e hizo sentir su preeminencia en el recinto con el recorte de las aspiraciones presupuestarias provenientes de la cartera de Hacienda municipal.
