El gobierno provincial finalmente confirmó que le otorgará a Andrés Soperez su licencia como enfermero del Servicio Penitenciario para ejercer como intendente de la ciudad de Rincón.
La polémica se desató esta semana cuando el mandatario de la ciudad costera denunció a través de sus redes sociales que el Servicio Penitenciario rechazó el pedido de licencia. Las trabas burocráticas hicieron que Soperez tenga que volver a viajar 150 kilómetros a Pérez para ejercer su profesión que lleva a cabo desde hace 12 años.
Soperez (UCR), solicitó una licencia al Servicio Penitenciario para asumir como concejal durante el período 2019-2023 en San José del Rincón. Sin embargo, contó que en 2021, cuando fue ungido intendente electo de aquella ciudad, el SPP le denegó ese permiso al apoyarse en la ley orgánica del organismo, la cual sostiene que los agentes "no pueden participar en política"
Walter Gálvez, Secretario de Asuntos Penitenciarios dijo en declaraciones a la emisora LT 10: "Me comuniqué ayer a la tarde con Soperez y ya le expliqué que él no va a tener que renunciar. Hay una ley orgánica del servicio penitenciario del año ’78 que prohíbe a los agentes penitenciarios participar en la actividad política. Esgrimiéndose en eso, en una norma que establece las incompatibilidades de cargo, la dirección provincial del servicio penitenciario le rechaza la licencia"
El funcionario precisó que cuando el expediente entró a su oficina él detectó una complejidad. "Por encima de las normas están las constituciones nacional y provincial. Estas hablan claramente del derecho que tienen los ciudadanos de participar en la política enriqueciendo la vida democrática de nuestro país", apuntó
Soperez expresó que Walter Gálvez se comunicó para garantizarle "que en el transcurso de esta semana saldrá la aprobación de la licencia por cargo de mayor jerarquía que solicité en noviembre pasado. Agradezco la predisposición del señor Gálvez para resolver esta situación y entiendo que se demoró por los tiempos burocráticos".
En tanto, cuestionó la ley orgánica del SPP, la cual consideró "obsoleta, anticuada, anticonstitucional y de los años ’70″, al tiempo que pidió dejar de cercenar los derechos de los trabajadores y trabajadoras del organismo dependiente del Ministerio de Seguridad.
Fuente: UNO Santa Fe
