El Ministerio de Desarrollo Social y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), organismo nacional que lleva adelante la política de los pueblos originarias de la Argentina, lanzaron un programa de relevamiento territorial de las comunidades originarias de la provincia de Santa Fe.
En la jornada se entregaron las carpetas técnicas del Programa Nacional Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas (Re.Te.C.I.), enmarcado en la ley Nacional Nº 26.160, a seis comunidades, Qon y Mocoví, las que se constituyen en herramientas estratégicas de defensa con respecto al territorio que poseen.
Estas primeras seis comunidades son Aim Moqoilec(Mocoví), de Colonia Dolores; Natocoit(Qom), de Florencia; Nainic (Mocovi), de Reconquista; Kami Iava (Mocoví); Qom Lmac Na Alua (Qom), de Rosario; y Lava Coqom (Mocoví), de Venado Tuerto.
Las carpetas contienen la documentación necesaria que reconoce la ocupación actual, tradicional y pública en manos de sus integrantes a fin de que puedan de ahora en más defenderse ante acciones judiciales o avasallamiento de sus territorios.
En la jornada, el ministro de Desarrollo Social, Danilo Capitani, aseguró que “de similar manera a lo expresado por el gobierno nacional creemos que es significativo contar con este relevamiento que nos dará un diagnóstico preciso de como se encuentran las comunidades originarias, cuales son sus necesidades y así poder trabajar en la restitución de sus derechos”.
Por su parte, la presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, Magdalena Odarda, manifestó que “estas carpetas simbolizan una herramienta de lucha para todas las comunidades originarias ante el sistemático hostigamiento al que se enfrentan permanentemente. Estos documentos son una demanda histórica de los pueblos, que esperamos sea la antesala a la ley de propiedad comunitaria indígena”.
Por otro lado, la directora Porvincial de Comunidades Originarios, Rosana Esquivel, señaló que “este relevamiento permitirá incorporar los derechos territoriales de las comunidades originarias en la agenda de la política pública estatal de la provincia, promoviendo la identidad en las luchas de los pueblos indígenas y demandas comunes con respecto al territorio”.
Por último, el subsecretario de Integración Social, Santiago Felipoff, indicó que “este es un mecanismo necesario para saber donde estamos parados y que herramientas son las mas adecuadas para restablecer los derechos de las comunidades originarias siendo consientes que es largo el camino por recorrer”.
Estuvieron presentes, los consejeros del Instituto Provincial de Aborígenes Santafesinos, IPAS, y miembros de las comunidades originarias.
La iniciativa se enmarca en el decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) dictado por el presidente Alberto Fernández, que prohíbe el desalojo de pueblos originarios hasta 2025.
Es un hecho histórico ya que es la primera vez que el Estado nacional, a través de una ley del Congreso, establece realizar un relevamiento técnico- jurídico territorial de las comunidades indígenas para la entrega de tierras aptas y suficientes para el desarrollo humano, respetando la ocupación tradicional que tienen las mismas, independientemente de la situación jurídica en que se encuentren.
