La ministra Silvina Frana firmó la resolución que autoriza a aplicar una actualización promedio del 34% sobre todos los clientes. Pero el impacto en los consumos residenciales de los sectores medios (con subsidios nacionales del Nivel 3) será de entre el 47 y el 57% según los cálculos de la empresa. Además, se renueva la "cláusula gatillo" ya usada en 2022. Si la inflación se dispara se agregará hasta otro 20%.
En cuanto al impacto en las boletas, la resolución indica que significará "una variación promedio acumulada sobre el segmento tarifario de pequeñas demandas del 43,5%, sobre el segmento de grandes demandas del 25,6% y del 28,2% para la Cuotaparte de Alumbrado Público (CAP), resultando un incremento acumulado sobre Tarifa Promedio del 34,8%".
Sin embargo, la propia empresa estatal en la presentación pública de su pedido, estimó que para los hogares con ingresos medios según la segmentación para los subsidios nacionales a la energía mayorista, registrados como Nivel 3, tendrá aumentos del 47 al 57%. De todos modos, en aquellos hogares que no superen los 400 kilovatios/hora bimestrales sus tarifas serán un 20% más bajas que para el Nivel 1, de mayor poder adquisitivo que no recibe subsidios nacionales.
En tanto, para la aplicación de la suba de la EPE en el nivel 2, el de los ingresos más bajos según la segmentación hecha a nivel nacional, que en parte coincide con las tarifas sociales y los descuentos a jubilados en el servicio eléctrico de la provincia, se imponen desde la Casa Gris más medidas que tiendan suavizar el tarifazo. Deja la aplicación de las subas para luego de 60 días de concluidas las "etapas" de aumentos previstos a nivel nacional en el valor del kW en generación y transporte. La suba de la EPE impacta solo sobre el Valor Agregado de Distribución, el VAD que históricamente es un tercio de la tarifa y debe poder cubrir los costos de la distribución y las inversiones para su ampliación.