La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto para fortalecer la Justicia Penal Federal en la provincia de Santa Fe. Su objetivo es adecuar la estructura judicial para la implementación del nuevo Código Procesal Penal y así hacer frente a la escalada de violencia narco. Obtuvo 214 votos a favor -del oficialismo y la oposición- y 4 abstenciones del Frente de Izquierda. No hubo votos en contra.
La iniciativa, que fue elaborada por los 18 diputados de Santa Fe de diferentes fuerzas -Frente de Todos, PRO, UCR y Socialismo- había sido presentada originalmente en mayo del año pasado. Entre otras cosas, propone la creación de 27 puestos de fiscales (15 con asiento en Rosario), 9 cargos de defensores, 6 jueces con funciones de garantías, 6 jueces con funciones de revisión y 2 jueces con funciones de juicio y ejecución. Según los equipos técnicos de la Oficina de Presupuesto del Congreso, las estructuras promedio de personal y los gastos estimados en salarios, insumos e infraestructura significarán un impacto fiscal anual de 7.500 millones de pesos.
La creación de nuevos cargos de fiscales y jueces permitirá adecuar la estructura judicial para la implementación del sistema acusatorio, que ya rige en Salta y Jujuy, para tener una justicia federal “más ágil y rápida”. Este sistema, también llamado adversarial -como el que rige en Estados Unidos-, divide con claridad las funciones entre un fiscal que investiga y acusa, y un juez que resuelve. Siguiendo las experiencias de estas provincias, tanto oficialistas como opositores señalaron que el tiempo de trámite de las causas podría reducirse a la mitad.
Al inicio del debate, el oficialista Roberto Mirabella señaló que en Santa Fe se tramitan el 20% de las causas de drogas de todo el país, al tiempo que la tasa de homicidios en Rosario cuadriplica la media nacional. El 80% de los asesinatos se relaciona con ajustes de cuentas entre bandas.
“Esto no va a estar en marcha mañana, pero es un gesto político importante. Estamos dando un paso importante para enfrentar la narcocriminalidad”, concluyó.
La importancia que la provincia atribuye a esta medida quedó plasmada en la presencia del gobernador Omar Perotti, quien siguió parte del debate desde el palco. “No tenemos la magnitud para enfrentar un delito de estas características. La necesidad de contar con más fuerzas es imprescindible”, dijo luego en conferencia de prensa.
El mandatario provincial también instó a los futuros candidatos presidenciales a “unificar una política común” para enfrentar el narcotráfico. “Fundamentalmente, cómo tener una política carcelaria que dé cuenta de la magnitud de lo que hay que enfrentar y que no pueden estar conviviendo los delitos comunes con delitos del narcotráfico y, particularmente, con los denominados de alto perfil. Necesariamente eso tiene que darse y el control tiene que estar”, detalló.
Uno de los impulsores de la norma sancionada fue el diputado Eduardo Toniolli, representante de la provincia de Santa Fe en la Cámara Baja e integrante del bloque Frente de Todos. “A Rosario la sacamos adelante entre todos, no haciendo turismo político o shows mediáticos”, disparó el santafesino.
“En Rosario no se crea una fiscalía federal hace cuatro décadas, y sin embargo en ese mismo período alguno delitos complejos como el lavado de activos o el narcotráfico han mutado y crecido exponencialmente, de allí la importancia de este fortalecimiento”, explicó Toniolli.
Desde Juntos por el Cambio, que dejó de lado la estrategia de bloqueo y dio quórum, concentraron las críticas en la inacción del gobierno nacional y, particularmente, en la demora de la vicepresidenta Cristina Kirchner en constituir la comisión bicameral encargada de implementar el sistema acusatorio en Santa Fe y Mendoza.
“Ahora que pasó lo del supermercado de la familia Messi, decidieron avanzar”, chicaneó el diputado del PRO, Federico Angelini.
A su vez, reclamó a los gobiernos provincial y nacional que implementen medidas de corto plazo como, por ejemplo, restablecer la inteligencia penitenciaria, volver a los pabellones de presos de alto perfil, saturar las zonas calientes con fuerzas federales. “No lo hacen porque priorizan los derechos de los delincuentes”, concluyó.
Por su parte, el socialista Enrique Estévez también apuntó contra la Vicepresidenta por frenar la designación de jueces y fiscales. “En la vieja estructura hay un 33% de cargos vacantes. No tenemos Procurador General de la Nación, lo mismo con el Defensor del Pueblo y un miembro de la Corte Suprema”, enumeró.
Diputados del Frente de Todos cuestionaron a la oposición por su oportunismo político. “Hipocresía es tirar este proyecto dentro de la grieta”, contestó Leonardo Grosso ante las críticas de la oposición.
En la misma línea, el camporista Marcos Cleri aseguró que “con la inseguridad no se especula, no hay que hacer turismo electoral, para que con el dolor de los que vivimos en Rosario alguno pueda caranchear una presencia en algún medio de comunicación”.
“El crecimiento de la tasa de homicidios en los últimos 15 años en Rosario es paralelo a la profundización del autogobierno policial y su imbricación con el delito, por lo tanto es hora de asumir que “algo hay que hacer”, agregó Toniolli.
También reclamaron por las Sociedades por Acciones Simplificadas, creadas durante el gobierno de Cambiemos, que son utilizadas por los narcotraficantes para lavar el dinero que obtienen con la venta de droga.
“Una investigación de la Fiscalía Federal 2 de Santa Fe demostró que un entramado de 40 SAS permitió lavar $1.200 millones por parte de la banda de Los Monos”, detalló Germán Martínez, jefe del bloque oficialista.
El proyecto ahora pasará al Senado, donde la oposición sospecha que será “freezado” por el kirchnerismo.
