El Senado nacional sancionó este jueves la ley que amplía el Registro de Datos Genéticos, con particular interés en el uso de ADN para el esclarecimiento de delitos de índole sexual. Se trata de una de las iniciativas del paquete de La Libertad Avanza relacionada con la seguridad. En la votación en el recinto recibió 39 adhesiones, sin rechazos. Los senadores de Unión por la Patria se abstuvieron.
El proyecto, que ya venía con media sanción de Diputados, modifica la ley 26.879 del 2013 que creó el Registro Nacional de Delitos Genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual, que disponía la obtención de muestras genéticas de agresores de ese tipo. Esa normativa se originó en medio de la conmoción que había generado la violación y posterior asesinato de la adolescente Ángeles Rawson en el barrio porteño de Palermo. Sin embargo, ese registro contiene únicamente los perfiles genéticos de los responsables de delitos sexuales con condena.
Con la modificación, impulsada por el Ministerio de Seguridad, el Registro comprenderá perfiles genéticos de autores de todo tipo de delitos. Además ya no haría falta que el delincuente en cuestión tenga una condena en su contra: con tan sólo la imputación penal de un adulto mayor de 18 años la Justicia puede requerir la muestra genética.
Otro punto es que amplía el registro incluyendo la huella genética (ADN de contacto), ya que antes el ADN solo se extraía a través de los fluidos, es decir, sangre, semen o saliva.
Patricia Bullrich, al impulsar la reforma, había propuesto que esta herramienta pase de la órbita del Ministerio de Justicia a su cartera. Sin embargo, esto no prosperó. El mes pasado, durante la media sanción en la Cámara de Diputados, la propuesta se rechazó y se mantuvo que el registro esté a cargo de Justicia, tal como originalmente fue dispuesto en la Ley 26.879.
Durante el debate en comisiones del Senado, funcionarios reclamaron que se modifique, para que vaya a Seguridad. Alegaron que el cambio "se basó en una cuestión ideológica porque jurídicamente no hay el más mínimo argumento para seguir sosteniéndolo en el Ministerio de Justicia". Sin embargo, no ocurrió, pues el proyecto se votó tal como vino de Diputados en la sesión de este jueves.
Ampliación
Como miembro informante habló la senadora santafesina Carolina Losada, quien resaltó que "hace bastante tiempo que nos están pidiendo que hagamos algo con respecto a la inseguridad, para que los delincuentes no entren y salgan, y este proyecto de ley no debería tener absolutamente ninguna grieta, porque ¿quién querría que un delincuente, violador o asesino no sea encontrado y pague las consecuencias de sus actos? No debería ser algo que resista la grieta".
Losada detalló que el proyecto permitirá ampliar el actual Registro Nacional de Datos Genéticos de delitos sexuales para que pueda ser utilizado en la investigación de todo tipo de crímenes". Y enfatizó que "esto amplía sustancialmente el registro".
Este registro va a incluir a personas imputadas por delitos, procesadas o condenadas; víctimas con expresa autorización; cadáveres no identificados, y entre otros casos, todo miembro de fuerza de seguridad y cualquier persona mayor que voluntariamente quiera proporcionar sus datos.
Tras brindar cifras tales como que en la Argentina hay entre 6.000 y 10.000 personas desaparecidas, Losada hizo votos por "contar con todas las herramientas que hoy nos ponen a disposición los adelantos científicos. Hoy tenemos la oportunidad de encontrar a responsables de homicidios y violaciones".
A su turno, el también radical Maximiliano Abad destacó que "el paso que estamos dando hoy se circunscribe dentro de un gran desarrollo que ha tenido la genética a lo largo del tiempo en nuestro país que comenzó con un hecho importante hace 50 años cuando se creó el Centro Nacional de Medicina Genética y en 1987 con la creación del Banco de Datos Genéticos que es una institución prestigiosa y reconocida en el exterior y permite identificar vínculos biológicos de personas que sospechan ser hijos de desaparecidos".
Principales puntos de la ley
Entre los objetos del Registro se menciona que serán: "Contribuir al esclarecimiento de los hechos que sean objeto de una investigación judicial, particularmente en lo relativo a la individualización de los presuntos autores, así como a la desvinculación de personas ajenas al delito, mediante la comparación de perfiles genéticos provenientes de laboratorios debidamente acreditados".
También, "identificar y favorecer la determinación del paradero de personas extraviadas, desaparecidas o fallecidas" y "discriminar las huellas de todo personal que interviene directamente en la escena del hecho delictivo".
"Los perfiles genéticos de víctimas de delitos o de familiares de personas desaparecidas o extraviadas no podrán ser utilizados como muestra para el esclarecimiento de un hecho delictivo, excepto que los aportantes lo consientan expresamente", aclara el texto.
De acuerdo a la ley, además del perfil genético "se almacenarán, en forma independiente" el nombre y apellido, fecha y lugar del nacimiento y el número de DNI/pasaporte y la autoridad que lo expidió.
"El titular de los datos tendrá derecho a acceder y eventualmente corregir sus datos en el caso de que sean erróneos, en cualquier momento", reza la norma, que además expresa que el uso de la información deberá atender a los criterios de la normativa sobre Protección de Datos Personales.
Desde Santa Fe
La iniciativa sancionada esta semana tiene como antecedente el proyecto presentado en su momento por los diputados nacionales Juan Martín (Santa Fe) y Alfredo Cornejo (Mendoza), que a su vez buscaba capitalizar la experiencia mendocina. En Mendoza, la huella genética ha podido mejorar la persecución penal no solo de casos vinculados a los abusos sexuales o las violaciones, también para otros delitos. Los mendocinos tienen un banco de huellas genéticas que "es el más grande de América Latina", según el ex gobernador Cornejo.
Con base en la misma experiencia, en la Legislatura santafesina el diputado radical José Corral (Unidos para Cambiar Santa Fe) presentó un proyecto para crear un banco de huellas genéticas digitalizadas en la provincia. La iniciativa será impulsada, a su vez, por el senador Rodrigo Borla.
"Como lo venimos haciendo desde el día uno que asumimos, queremos darle otra herramienta más al gobernador Maximiliano Pullaro y a la justicia en la lucha contra la inseguridad y el crimen organizado" manifestó Corral.
El autor del proyecto recordó que esta iniciativa fue una de sus propuestas de campaña, y destacó que la utilización de esta tecnología sería un paso fundamental hacia el fortalecimiento, la modernización, la transparencia y la efectividad del accionar judicial: "Los bancos de huellas genéticas digitalizadas existentes han permitido esclarecer hechos y llevar a los responsables ante la Justicia", subrayó. Y se refirió a los casos vinculados a abusos sexuales, en los que las pruebas recogidas que coinciden con el perfil genético de un agresor almacenado en la base de datos, fortalece el material probatorio y conduce a la condena correspondiente.
La digitalización de huellas genéticas no solo agiliza los procesos de identificación, sino que también proporciona una base de datos actualizada y confiable para el seguimiento de personas involucradas en actividades delictivas. Por ejemplo, el Registro de Mendoza lleva esclarecidos más de 500 delitos desde su implementación, y hoy su laboratorio cuenta con más de 65.000 perfiles genéticos cargados, entre imputados, condenados, miembros de las fuerzas de seguridad y funcionarios del Poder Judicial. Se trata de la base de datos más amplia de Latinoamérica respecto a la población, superando a Chile y Brasil. De esa totalidad, el 43% de los casos pertenecen a abusos sexuales, el 20% a robos y el 8 % a robos simple, entre otros hechos relevantes.
Corral también hizo hincapié en que la potencialidad de esta herramienta plantea nuevos desafíos en cuanto a la protección de datos personales y privacidad. "Es fundamental que para una eventual implementación se establezcan protocolos claros y se garanticen las medidas adecuadas para proteger los derechos individuales de los ciudadanos", concluyó.
con información de El Litoral
