Desde las 11, la Cámara alta debatirá qué hacer con el detenido en Paraguay por presunto contrabando. El kirchnerismo va por la expulsión, mientras el oficialismo quiere que sea suspendido y evitar un reemplazo opositor. Además, LLA buscará tratar el destino de Parrilli.
En un clima de tensión y fuego político cruzado, el Senado define este jueves el destino del legislador por Entre Ríos, Edgardo Kueider, quien está apresado en Paraguay y es investigado por presunto contrabando después de haber intentado ingresar al país vecino con más de USD 200.000, $600.000 y 3,9 millones de guaraníes por la Triple Frontera. En la que se avizora como la última sesión del año luego de que el Gobierno postergara el llamado a extraordinarias, el oficialismo sumó a último momento el debate acerca del futuro de Oscar Parrilli, el aliado de Cristina Kirchner que se encuentra procesado por la causa que investiga el memorando de entendimiento con Irán.
A partir de las 11, sus pares determinarán qué hacer en ambos casos, siempre que se logre el quorum necesario, algo que se daba por descontado hasta la maniobra libertaria de incluir el tema de Parrilli a la decisión sobre Kueider. Las alternativas que se barajaban para este último son dos: la expulsión o su suspensión.
Mientras que el interbloque que lidera el kirchnerista José Mayans prefiere que sea echado para ubicar en su lugar un reemplazo de entre sus filas opositoras, La Libertad Avanza -con apoyo del PRO, la Unión Cívica Radical (UCR) y otros espacios con lazos con gobernadores y legisladores autónomos- prefieren que sea suspendido para evitar ese relevo.
Las dos alternativas -para las cuales se requiere el voto a favor de dos tercios de los presentes- fueron oficializadas en el decreto que convocó la sesión y fue firmada por el presidente provisional de la Cámara alta, Bartolomé Abdala.
La disputa de fondo es que nadie quiere reconocer ni la paternidad política ni vínculo actual alguno con el senador Kueider. Mientras que el Gobierno y sus aliados apuntaron a exponer su desembarco en el recinto de la mano de la lista de Alberto Fernández en 2019, las votaciones en las que apoyó recientemente al oficialismo fueron el caballito de batalla del argumento de los opositores, que afirmaran que es más libertario que kirchnerista. Este brete llevó a un cambio de estrategia por el que el oficialismo metió a Parrilli en la conversación.
Con todo, existe una tercera alternativa que no está en el temario oficial y es la licencia, que el imputado por sospecha de "contrabando" y "lavado" de activos en Paraguay ya solicitó a Victoria Villarruel, sin explicitar plazos. En este caso, se requiere una mayoría simple para dejar temporalmente fuera de funciones al senador que se encuentra bajo arresto domiciliario en Asunción después de que se le encontrara el dinero sin declarar en una mochila dentro del auto en que viajaba con una exsecretaria.
En medio de discrepancias internas, los bloques aliados a La Libertad Avanza coinciden -algunos a regañadientes- en la suspensión, al menos, hasta el 1° de marzo.
El punto de tensión es que el final abierto sobre el destino de Kueider no tiene las mismas consecuencias para la Casa Rosada: si el Senado eyecta al representante provincial, en su lugar debe ingresar Stefanía Cora, y le sumaría una banca más a los opositores kirchneristas liderados por Mayans, que pasarían a tener de 33 a 34.
Cora es la segunda en la lista del Frente de Todos que compitió en 2019 y por la que entró Kueider, quien después abandonó ese espacio en febrero de 2023 y creó otro bloque con el dirigente justicialista Carlos "Camau" Espínola. Ambos han tenido buen vínculo con el gobierno de Javier Milei desde su asunción.
Por otra parte, la solicitud para incluir la suspensión de Parrilli echó leña al fuego en el Congreso. El pedido lleva la firma de cinco libertarios: Abdala, Vilma Bedia, Ezequiel Atauche, Ivana Arrascaeta y Juan Carlos Pagotto.
La semana pasada, la Corte Suprema de Justicia resolvió que la expresidenta Cristina Kirchner y el resto de los involucrados en el caso del Memorándum con Irán serán sometidos a juicio oral en noviembre de 2025, en el marco de la denuncia que impulsó el fallecido fiscal Alberto Nisman.
Fuente: El Canciller
