El gobierno de la provincia puso en marcha el procedimiento para cubrir 108 cargos vacantes en el Poder Judicial de Santa Fe, lo que incluye magistrados, fiscales y defensores. Lo hizo casi en simultáneo con el anuncio del refuerzo de partidas presupuestarias para cubrir la política salarial del personal, uno de los motivos de los reclamos que lleva adelante el gremio y que se tradujo en paros de carácter inédito en la historia institucional reciente de la provincia. Un reclamo que no mereció respuesta inmediata cuando lo formuló la Corte Suprema de Justicia, pero que sí encontró eco (y concreción) en el marco de un encuentro con la titular del Ministerio Público de la Acusación. La novedad fue presentada con fuertes imputaciones al manejo de los recursos que lleva adelante el Alto Tribunal, y mereció una escueta pero airada réplica a través de un comunicado oficial, en el que se tilda de "falaz" al discurso del gobierno.
Los otros temas que alimentan el conflicto judicial son, por un lado, la demora en la firma de decretos de nombramientos y ascensos. El Ejecutivo no avanzó al respecto, pero dejó en claro que no se producirán de manera "automática", sino previo estudio. Y, por el otro, lo que identifican como un ataque a la independencia del Poder Judicial, en la movida del Ejecutivo para renovar la integración de la Corte Suprema de Justicia (lo quieran o no sus actuales integrantes) y también en algunas declaraciones del gobernador hablando de "privilegios".
En este marco convulsionado, la puesta en marcha de los concursos viene a suplir un período de 10 meses en los que, con una sola excepción, no se enviaron pliegos a la Legislatura y luego de que cayeran los enviados por el gobierno anterior cerca del final de su gestión. En ese lapso, la cobertura de vacantes fue un insistente reclamo de la Corte, que tuvo como respuesta la voluntad expresada por el Poder Ejecutivo de plantear un esquema de prioridades antes de avanzar. Y con ello, se desató una verdadera andanada de cruces documentales y un nuevo campo de desacuerdos.
Cambio de parámetros
Precisamente, el original intercambio de comunicaciones entre ambos poderes (del cual diera cuenta oportunamente El Litoral) cobró nuevo impulso en el actual contexto. Y también tuvo como condimento el hecho de que los pliegos correspondientes a la Cámara de Ejecución Penal y Supervisión Carcelaria, fueran los únicos enviados por el Poder Ejecutivo hasta el momento. Y que si bien los concursos se llevaron a cabo con el reglamento anterior del Consejo de la Magistratura, que preveía un orden de mérito, ese parámetro no fue tomado en cuenta por la Casa Gris al momento de hacer las propuestas; a diferencia de lo que venía ocurriendo en anteriores gestiones.
Los concursos que ahora están en marcha se realizan con régimen, según el cuál el jurado se limitará a determinar qué candidatos superaron la instancia y a remitir al gobernador un listado por orden alfabético.
Tal como informara este diario, en la reunión del domingo 8 de septiembre pasado, los ministros de la Corte insistieron al gobernador Maximiliano Pullaro y a sus ministros con la necesidad de cubrir las vacantes en cargos judiciales. Desde el Ejecutivo se les requirió información detallada sobre la carga de trabajo en cada uno de los tribunales de la provincia, para sobre esa base establecer prioridades, y se hizo notar que tales datos habían sido solicitados a principios de año y no provistos en los términos esperados.
