La sanción de la reforma previsional en Santa Fe generó una nueva batalla que ya se libra en terreno judicial. Este miércoles, Fiscalía de Estado fue notificada de una segunda demanda presentada contra la norma. La primera había sido radicada en los tribunales locales por el bloque de diputados Somos Vida. La recientemente comunicada fue impulsada por el Sindicato de Trabajadores de la ciudad de San Carlos.
Según pudo establecer El Litoral en base a fuentes oficiales consultadas, ambas tendrán el descargo correspondiente de la provincia, a través de la respuesta que por estas horas redactan los abogados de la Fiscalía de Estado.
La demanda del sindicato municipal tiene la particularidad de no objetar la letra y contenido de la ley, sino y fundamentalmente, el proceso legislativo a través del cual se le dio sanción a la norma.
"Irregular"
El texto de la nueva demanda objeta las "graves irregularidades" que se produjeron en el procedimiento legislativo, puesto que se "vulneró el debido proceso establecido por el reglamento interno de la Cámara de Diputados". El escrito apunta así a la accidentada sesión que terminó de manera precipitada, puesto que como consecuencia de la violenta movilización que se producía en la explanada de la Legislatura, se interrumpió la alocución de uno de los legisladores y se procedió a la votación. Por la misma razón, aclaran los demandantes que "la revisión y corrección de los vicios intrínsecos al proceso legislativo no se encuentran dentro de las facultades del Poder Ejecutivo.
"El Gobernador – plantea- no está obligado a verificar los cumplimientos formales que corresponden exclusivamente a las Cámaras al momento de sancionar la norma. La subsanación en cuestión – se advierte- se encuentra en cabeza de la Presidencia de la Cámara de Diputados ya que corregir el error implica que ulteriormente no exista una ley viciada en su origen". Sobre esa base, el sindicato reclama que se ordene una nueva votación en el citado cuerpo legislativo.
Más críticas
Explícitamente, la demanda repara – como se adelantó- en que "no se trata de un amparo contra la ley, sino contra actos del Poder Legislativo". Y concluye en que la situación planteada "denota un obrar del Cuerpo Legislativo manifiestamente ilegal y arbitrario".
El día después de la sesión, el diputado Pablo Farías se anticipó a estas objeciones y sostuvo que la votación de la ley en la Cámara de Diputados fue "absolutamente ajustada al reglamento", al tiempo que defendió que la votación se haya producido mientras comenzaban los desmanes.
"No tenemos ninguna duda de lo que hay que hacer en esos casos, que es seguir. No podemos permitir que grupos de violentos armados con un objetivo absolutamente claro y determinado, traten de impedir el funcionamiento de la democracia. Lo más adecuado era lo que nosotros decimos hacer: seguir sesionando, proceder a votar la ley -que era lo que los violentos querían evitar- porque si hubiéramos hecho lo contrario ellos hubieran ganado y ganó la democracia, ganó la institucionalidad", aseguró.
