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¿Por qué hay riesgo de que la actividad se paralice antes de comenzar el período legislativo?

La agenda judicial del Gobierno y la estrategia electoral de la oposición conspiran contra la posibilidad de alcanzar acuerdos. El efecto de la carrera presidencial y de los comicios provinciales

Los años no electorales suelen estar marcados por una fuerte actividad legislativa. Sin embargo, el 2022 fue una excepción: la fuerte polarización y la falta de acuerdos trabaron el normal funcionamiento de ambas Cámaras y dejaron como resultado apenas 36 leyes sancionadas. Una marca desalentadora, si se compara con los 186 proyectos aprobados en 2002 o los 197 de 2014.

En un clima de tensión creciente entre oficialismo y oposición, la Cámara de Diputados sesionó 15 veces (incluyendo la Asamblea Legislativa y la reunión informativa del jefe de Gabinete Juan Manzur). Todas fueron sesiones especiales, es decir, con un temario acordado de antemano, generalmente a instancias del Frente de Todos.

A pocos días del inicio del 2023, en las principales bancadas descartan que la dinámica de trabajo no hará más que empeorar en los próximos meses. Por un lado, los años con campaña electoral -especialmente cuando se eligen presidente y gobernadores- suelen tener menos actividad porque los legisladores pasan más tiempo en sus provincias involucrados en el trabajo proselitista.

Por el otro, casi dos semanas antes de que se inicie un nuevo período de sesiones extraordinarias, desde el principal interbloque de la oposición ya adelantaron que no participarán del debate de ninguna ley mientras el Gobierno continúe con su “ataque al Poder Judicial”.

La decisión del Poder Ejecutivo de sumar al pedido de juicio político contra la Corte Suprema los proyectos para ampliar la cantidad de integrantes del máximo tribunal y de reformar el Consejo de la Magistratura no hicieron más que echar nafta al fuego de la polarización.

“No vamos a sentarnos a debatir con quienes quieren llevarse puesta a la Corte Suprema”, reafirmó el presidente del bloque del PRO, Cristian Ritondo, a través de las redes sociales, luego de que la portavoz oficial Gabriela Cerruti detallara los 27 proyectos enviados al Congreso por la Casa Rosada.

En la misma línea, Mario Negri, titular de la bancada radical, aseguró que la agenda del Gobierno para extraordinarias incluye “juicio político a la Corte y ampliación de 5 a 15″. “Más evidente imposible. El kirchnerismo quiere llevarse puesta la Justicia y consagrar la impunidad. Pero tranquilos, no tienen los votos para aprobar ninguna de esas tropelías”, desafió.

“El Congreso va a estar trabado por un tiempo. Ojalá el Congreso pueda funcionar en el último año del Gobierno del Frente de Todos con cierta normalidad”, dijo Juan Manuel López en una entrevista para Futurock.

Para el oficialismo, Juntos por el Cambio utiliza los proyectos de la agenda judicial como excusa para mantener “cerrado” el Congreso. Según su visión, esta estrategia sirve a un doble propósito: muestra intransigencia frente al kirchnerismo, que luego podrá capitalizar con su electorado; y además oculta las fuertes diferencias internas entres la UCR, el PRO, Evolución y la CC, que votaron en forma diferenciada en varios proyectos como el Presupuesto o el Consenso Fiscal. Una dinámica que no hará más que profundizarse a medida que pasen los meses y tome temperatura la campaña electoral.

“Aquellos temas más ríspidos tendrán un tratamiento más ríspido. Pero si por los temas ríspidos no podamos tratar los otros, eso se llama extorsión”, protestaron en las filas del Frente de Todos.

Sin embargo, la agenda judicial también juega un rol importante en la interna política del Frente de Todos. Dado que tanto el pedido de juicio político contra los miembros de la Corte como su ampliación a 15 miembros no tienen chances reales de aprobarse en Diputados, los cuestionamientos al Poder Judicial parecen ser simplemente parte de una estrategia política. La arremetida contra la Justicia le serviría a Alberto Fernández para encolumnar a parte del PJ detrás de su figura y acercarse con el ala kirchnerista. Todo en el marco de su aspiración a ir por la reelección en octubre.

A principios del año pasado pasado, el Gobierno llamó a sesiones extraordinarias y finalmente ninguno de los proyectos (más de una docena) llegó al recinto. El fracaso político de febrero marcó el clima que reinaría el resto del año. Lo mismo podría ocurrir este año. La campaña electoral, que inicia su cronograma el 12 de febrero con las primarias de La Pampa y continúa en abril con los comicios de Río Negro y Neuquén, hará el resto.

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