En medio de una serie de reformas y replanteamientos de políticas sociales, el gobierno actual bajo la administración de Javier Milei propuso la posible inclusión en los nuevos planes sociales de una cláusula que permitiría la baja inmediata de los beneficiarios en caso de participación en actos de violencia o disturbios públicos, tales como cortes de ruta o manifestaciones violentas.
El borrador de esta normativa, que se encuentra bajo el expediente “EX-2024-23928359”, ha generado debate y controversia desde que se filtró a la prensa. Según el artículo 16 de los requisitos de uno de los programas que reemplazarán al Potenciar Trabajo, conocido como "Volver al Trabajo", se establece que aquellos beneficiarios que incurran en actos de violencia que alteren el orden público podrían ser dados de baja de manera inmediata del programa.
El documento, fechado el 11 de marzo pasado, identificado como "Referencia: EX-2024-23928359- -APN-SSGA#MCH – ANEXO I – LINEAMIENTOS GENERALES Y OPERATIVOS DEL PROGRAMA VOLVER AL TRABAJO", estaba a punto de ser firmado por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el secretario de Trabajo Omar Yasín. Sin embargo, la reciente salida de Yasín del gobierno ha detenido temporalmente el proceso, a la espera de la opinión de su reemplazante, el abogado Julio Cordero, quien podría introducir modificaciones al texto original.
Por qué se toma esta medida
La propuesta ha sido justificada como una medida para promover el orden público y desincentivar la participación en actos de violencia por parte de los beneficiarios de los programas sociales. Según funcionarios del Ministerio de Capital Humano, esta disposición estaría en línea con los dichos de la ministra Pettovello y de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, quienes previamente habían expresado su apoyo a medidas que desincentiven los piquetes y manifestaciones violentas.
La discusión en torno a esta medida se intensifica en un contexto de reestructuración de programas sociales en Argentina. El Potenciar Trabajo, que será dividido en dos programas especializados, "Volver al Trabajo" y "Programa de Acompañamiento Social", ha sido objeto de críticas por su presunta ineficacia en la inserción laboral de los beneficiarios.
El "Programa Volver al Trabajo" estará dirigido a la población de 18 a 49 años, con el objetivo de fortalecer habilidades laborales y mejorar la empleabilidad para incorporar a estos individuos al mercado de trabajo formal. Por su parte, el "Programa de Acompañamiento Social" se enfocará en mayores de 50 años y madres de cuatro o más hijos, con el propósito de brindar apoyo integral para su inclusión social.
Sin embargo, la propuesta de incluir la baja inmediata por actos de violencia en los nuevos planes sociales ha generado preocupación entre diversos sectores de la sociedad y organismos de derechos humanos. Algunos críticos argumentan que esta medida podría vulnerar derechos fundamentales, como el derecho a la protesta y la libertad de expresión, al condicionar la asistencia social a la abstención de actividades de protesta legítima.
Por otro lado, el gobierno sostiene que la medida busca garantizar el uso adecuado de los recursos públicos y promover la inserción laboral a través de conductas socialmente responsables por parte de los beneficiarios de los programas sociales. Se espera que en los próximos días se aclaren más detalles sobre esta propuesta y se abra un espacio para el debate público al respecto.
Mientras tanto, la discusión sobre el futuro de los programas sociales en Argentina continúa, con miras a encontrar un equilibrio entre la asistencia social y la promoción del empleo formal, así como el respeto a los derechos individuales y la estabilidad del orden público.
