Luego de casi 11 meses, el Gobierno nacional enviará al Senado pliegos para designar a más de 150 jueces federales en todo el país, y cubrir así más de la mitad de las 283 vacantes que existen, y que representan casi el 30 % del total.
Desde el Poder Ejecutivo admitían este martes que la cobertura de vacantes de los juzgados, en especial los federales, fue un pedido que recibieron Cúneo Libarona y el viceministro, Sebastián Amerio, por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), justo cuando libró a la Argentina de ser incluida en la "lista gris" de los países que no cumplen debidamente con el combate al lavado de dinero y el blanqueo de dinero ilegal.
Se trata de una medida tan necesaria y postergada, como de una jugada de riesgo. Por distintas razones. Una de ellas es que el envío masivo de postulaciones se hace sin un diálogo previo, ni mucho menos los acuerdos políticos que suelen darse en estos casos.
Otra es que el Senado tiene pendiente todavía el dictamen de los dos candidatos para la Corte Suprema que envió el Presidente: Ariel Lijo y Manuel García Mansilla y para extender por cinco años más los nombramientos de dos camaristas, que aún no consiguieron dictamen en la Comisión de Acuerdos y tampoco cuentan con los votos para su aprobación. De hecho, la cobertura de vacantes estratégicas formaba parte inicialmente de las negociaciones ensayadas con el kirchnerismo, ya que los votos de ese sector son necesarios para poder aprobar los nombramientos en el Alto Tribunal.
Y el tercer factor que arroja algún nivel de incertidumbre es el propio funcionamiento del Senado, prácticamente paralizado en los últimos meses, pero cuya actividad se espera reactivar con la discusión del Presupuesto 2025.
De todos modos, esta repentina avalancha de pliegos viene a subsanar una demora que ya se estaba volviendo insostenible, por la cantidad de juzgados federales vacantes (situación que ahora atraviesa la totalidad del fuero en la ciudad de Santa Fe) y por el hecho de que en algunas provincias peligra el servicio de Justicia.
En rigor, al momento de asumir Javier Milei ya había más de 200 pliegos judiciales esperando tratamiento en la comisión de Acuerdos del Senado. El titular del Ejecutivo pidió retirar 62 de ellos, pero no se avanzó con el resto.
La buena noticia es que, a diferencia de los pliegos para la Corte, que requieren el casi inalcanzable respaldo de dos tercios de los votos, para los demás juzgados basta con mayoría simple. Aunque entre las propuestas Milei podría incluir a su candidato a procurador, que también necesita mayoría especial, y que es un cargo que nunca pudo ser cubierto desde la renuncia de Alejandra Gils Carbó en 2017. Tampoco está cubierto el cargo de Defensor del Pueblo de la Nación.
