La Cámara de Diputados tendrá su miércoles de "super acción" con el despliegue de una cargada agenda que pondrá en juego la pelea entre el oficialismo y oposición en torno a temas sobre los que no hay acuerdo. El primer mojón será el debate del proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura, a partir de las 11 en una reunión conjunta de Asuntos Constitucionales y Justicia.
El proyecto del oficialismo tiene media sanción del Senado pero en Diputados enfrenta un escenario más complejo. En principio, no tiene los votos suficientes para aprobarlo en el recinto, al margen de si le alcanzaría previamente para la firma del dictamen del mayoría. La única opción viable que le quedaría al Frente de Todos es adherir al dictamen de Graciela Camaño, y cuando el proyecto vuelva con cambios al Senado, ratificar allí la media sanción original.
Por lo pronto, si el dictamen oficialista no recibiera cambios, sólo contaría con la ayuda de los dos diputados de Juntos Somos Río Negro, a juzgar por la adhesión en el Senado del legislador del mismo partido provincial Alberto Weretilneck.
El proyecto oficialista propone una composición del cuerpo con 17 integrantes, con paridad de género y excluye a miembros de la Corte Suprema. Se prevé además la creación de cuatro regiones federales (AMBA, Norte, Centro y Sur), y cada una de ellas tendrá un representante abogado y otro representante juez en el Consejo de la Magistratura. El resto de los miembros provendrían del Congreso (6 integrantes), del ámbito académico/universitario (dos representantes) y uno designado por el Poder Ejecutivo Nacional. Desde Juntos por el Cambio no acompañarán el proyecto oficialista, ya que excluye a la Corte Suprema de la presidencia del órgano, e irán con un dictamen de minoría.
A las 13 se reúne un plenario de las comisiones de Legislación General y Presupuesto y Hacienda con una agenda intensa, que incluye en primer lugar el debate en torno al proyecto que crea el "Fondo Nacional para la cancelación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional.
La iniciativa apunta a formar un fideicomiso en base a aportes de los evasores, a quienes se les ofrece la posibilidad de formalizar esos capitales ocultos a cambio de una multa del 20% de sus bienes totales, a pagar en dólares. Pasados los seis meses de la puesta en vigencia de la ley, la sanción pasa a ser del 35%. Para alcanzar el número mágico de 129 votos, el oficialismo deberá sumar 11 votos adicionales en el caso de que la totalidad de sus representantes en la Cámara baja estén presentes en la sesión y voten alineados. La cuenta no parece fácil.
Aspiran a conseguir los votos de los diputados rionegrinos Luis Di Giácomo y Domingo del bloque Juntos Somos Río Negro, pero hay dudas sobre lo que harían los habituales aliados del Frente de la Concordia Diego Sartori y Carlos Fernández, ya que en el Senado se ausentó a la sesión la senadora del mismo espacio político Magdalena Solari Quintana.
Pese a la impronta "antifuga" que coincide con el relato de la izquierda, los diputados del FIT no acompañarían la iniciativa oficialista porque consideran que al aprobar ese proyecto se estaría convalidando el acuerdo con el FMI, que consideran "ilegal" a raíz de una deuda de origen contraída por Macri que también tildan de "ilegal".
En la misma reunión se debatirá el proyecto de ley de Alquileres, donde la oposición unida iría con un dictamen unificado y en esos términos podría propinarle al oficialismo un nuevo revés después de lo que fue la media sanción del proyecto de Boleta Única de Papel.
En las últimas horas se aceleraron las gestiones entre Juntos por el Cambio y el interbloque Federal, que trabaja en tándem con Juntos Somos Río Negro, para unificar sus proyectos y confluir en la firma de un dictamen unificado hoy mismo en el plenario de comisiones. El despacho oficialista tiene más firmas, pero la oposición llegaría con más voluntades al recinto y una vez rechazado el dictamen de mayoría se pasaría a tratar el de minoría.
En la sesión por la Boleta Única, sumando los votos de JxC, del interbloque Federal, de Provincias Unidas y de los liberales, la oposición llegó a 132 votos, e incluso se dio el lujo de que un diputado no estuviera presente en el recinto. Esa mayoría circunstancial podría recrearse en esta nueva ocasión. Los espacios opositores ya alcanzaron consenso respecto de la necesidad de retrotraer la legislación a los dos años de duración de los contratos de locación, y una actualización semestral de los valores, teniendo en cuenta la volatilidad del mercado inmobiliario y la dispersión de precios, sin valores de referencia claros.
También evalúan que las partes deberían tener mayor libertad para pactar el precio de los alquileres sin tener que atarse a un índice determinado por el Estado. El dictamen del interbloque Federal, a diferencia del de JxC, establece un tope para esos aumentos que no pueden superar el acumulado de inflación al momento de la firma del contrato.
Además, esta iniciativa incluye incentivos fiscales para quienes pongan sus bienes en alquiler, algo que no había sido incluido en el dictamen de JxC, aunque según pudo saber NA, el principal interbloque opositor no tendría ningún problema en incorporarlo en el dictamen unificado.
El dictamen de mayoría oficialista propone seguir con los tres años de plazo de los contratos y el ajuste anual conforme una fórmula que combina la evolución salarial (RIPTE) con la inflación (IPC). También fija que el aumento que determina la fórmula de actualización de los precios (que combina la variación salarial con la inflación medida por el IPC) será el tope máximo permitido, al tiempo que incluye un capítulo referido a incentivos fiscales para locadores.
A las 16, la comisión de Transportes retomará el debate en torno al problema de la inequitativa distribución de subsidios al sistema de transporte público que perjudica a las provincias. En ese contexto se tratará un proyecto de emergencia del transporte público en el Interior del país.
La agenda del día cerrará a las 17:00 con la reunión informativa de la comisión de Agricultura y Ganadería, donde está invitado para exponer sobre la situación del campo el ministro del área, Julián Domínguez.
Fuente: NA
