La fiscal federal de La Plata Ana Russo imputó al exministro de Trabajo bonaerense Marcelo Villegas e impulsó una investigación de los hechos denunciados por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) a partir del hallazgo de un video en el que puede verse a ése y otros exfuncionarios del gobierno de María Eugenia Vidal reunidos con empresarios y espías con el supuesto objetivo de promover el armado de causas contra dirigentes gremiales.
La representante del Ministerio Público Fiscal presentó el requerimiento de instrucción ante el juez federal de la Plata Ernesto Kreplak, a quien le solicitó, además, que identifique a todos los que participaron de aquella reunión, organizada en junio de 2017, a la que habrían asistido tres exfuncionarios de la central de espías, informaron a Télam fuentes judiciales.
Al dar impulso a la causa, la fiscal Russo pidió una serie de medidas de prueba y al referirse a los hechos, que aún no calificó, citó la Ley Nacional de Inteligencia, por lo que fuentes judiciales observaron que la investigación podría estar dirigida a determinar si esa norma fue quebrantada, entre otros posibles delitos.
La denuncia que dio origen a esta investigación fue presentada por la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, quien a través de un escrito de tres páginas describió el hallazgo de los videos en los que "podrá observarse la organización de una estrategia para impulsar una investigación en la que se logre el enjuiciamiento de personas vinculadas a la práctica sindical. centralizada en la actividad de la construcción desarrollada en la Ciudad de La Plata".
La Justicia deberá determinar qué hacía ese video en manos de la AFI, comandada, entonces, por Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, y si lo que allí quedó registrado es efectivamente la planificación de una estrategia para perseguir a dirigentes a los que el gobierno de Vidal consideraba adversarios políticos o enemigos.
De aquella reunión participaron el exministro Villegas, Adrián Grassi (exsubsecretario de Justicia de la Provincia de Buenos Aires), Roberto Gigante (exministro de Infraestructura bonaerense), el senador provincial de Juan Pablo Allan, el intendente de La Plata, Julio Garro, y cinco empresarios, según surge del texto de la denuncia.
Luego de conocidos los videos que forman parte de la denuncia, trascendió además que las otras tres personas sentadas en la mesa y presentadas como "Diego", "Sebastián" y "Darío" –que no habían sido identificadas en la presentación judicial- eran funcionarios de jerarquía de la AFI durante el gobierno de Cambiemos.
La propia vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner expuso en sus redes sociales que Diego es Dalmau Pereyra, exjefe de Contrainteligencia de la AFI; Darío es Biorci, cuñado y exjefe de Gabinete de Majdalani, y Sebastián es De Stéfano, es jefe del área de jurídicos de la central de espías. La expresidenta volvió a ironizar en las redes sociales sobre el presunto armado de causas judiciales contra dirigentes gremiales por parte del gobierno de Vidal, bajo una serie de posteos que tituló "Papá Noel, la Gestapo y el cuento de los cuentapropistas". Como Cristina Fernández, también sumaron sus voces de repudio la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti; la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, y el viceministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Juan Martín Mena, entre otros funcionarios nacionales.
También lo hicieron los sindicalistas, Pablo Moyano, co-secretario general de la CGT; y el exgremialista de la Uocra regional La Plata, Juan Pablo "Pata" Medina, detenido el 27 de septiembre de 2017, tres meses después de la reunión grabada en el video, acusado por los delitos de asociación ilícita, lavado de dinero y extorsión, y excarcelado en febrero de este año, luego de cumplir detención domiciliaria.
Fuente: Agencia Télam
