La Comisión de Acuerdos de la Asamblea Legislativa tiene previsto sesionar este miércoles 26 para tomar su entrevista personal a los candidatos a fiscales titulares y suplentes, propuestos por el Poder Ejecutivo Provincial para cubrir seis cargos del Ministerio Público de la Acusación en Rosario.
Se trata del primer envío de pliegos del gobernador Maximiliano Pullaro al Poder Legislativo para vacancias en el fuero penal. Y la decisión política del gobierno provincial ha sido la de no demorar su cobertura en la zona sur, la más difícil para la seguridad de los santafesinos.
Todo indica que el debut no deparará sorpresas porque el oficialismo tiene sólidas mayorías en ambas cámaras. Pero por ello el momento de enfrentar las preguntas y las consultas de los doce diputados y senadores provinciales que forman la bicameral será crucial para la suerte de cada uno de los propuestos, más allá de sus calificaciones en los concursos por los que fueron seleccionados.
Y a propósito de esto último, otro dato político-institucional: los pliegos enviados surgen de un proceso de exámenes que llevó adelante la gestión anterior del gobernador Omar Perotti, con otra conformación del Consejo de la Magistratura y, obviamente, con el sistema de calificaciones que se utilizaba por entonces.
Los seis candidatos a fiscales recibieron una “orden de mérito”. En pocas palabras, una calificación con un número. De ahora en más, en cambio, en esa instancia final de los concursos los participantes solo recibirán una aprobado o reprobado. A futuro serán solo dos criterios: “superó y no superó”.
La cuestión puede parecer menor, pero el asunto es relevante para el debate legislativo. Históricamente, cada vez que la oposición de turno sospechó que el gobernador de ese momento había privilegiado otros criterios (como el color político de los postulados) además de sus condiciones técnicas, las críticas se condimentaban con análisis de ese orden de mérito versus las decisiones del Ejecutivo. Y con la exhibición pública de los mejores calificados que, eventualmente, habían quedado fuera de las ternas o de los pliegos enviados.
En rigor, la Constitución de Santa Fe vigente no tiene previstos los concursos, ni la existencia de un consejo de la magistratura. Ha sido un progresivo avance del criterio de la autolimitación del Poder Ejecutivo el que puso mejores condiciones de transparencia, participación de los actores del sistema de justicia y mecanismos de control de los ciudadanos a una carta magna que solo dispone que el Ejecutivo proponga y la Asamblea Legislativa apruebe o rechace, sin más. Sólo exige el título de abogado para los pliegos.
Los años y la convivencia política en Santa Fe lograron que pueda pesar la opinión pública en un saludable ejercicio de poder de los ciudadanos. Lo dicho, sólo fue posible por esa progresiva y progresista autolimitación.
Detalle
A continuación se ofrece un detalle de los pliegos de los postulantes para fiscales titulares y fiscales adjuntos del Ministerio Público de la Acusación, Circunscripción Judicial Nº 2, con sede en la ciudad de Rosario, que serán entrevistados por la Comisión de Acuerdos de la Asamblea Legislativa.
Patricio Javier Saldutti y Alejandro Ariel Ferlazzo, que hoy son fiscales adjuntos, son propuestos como fiscales titulares.
En tanto, como fiscales adjuntas se encuentran los pliegos de Bárbara Glinkman, Agustina Eiris, Brenda Debiasi y Paula Barros.
Los pliegos enviados por la Casa Gris ingresaron al Senado el 23 de mayo y en esa fecha se remitieron a “la bicameral”, un término que se usa habitualmente en la Legislatura de Santa Fe para referirse a la Comisión de Acuerdos (así la nombra la Constitución). La Asamblea Legislativa fue convocada para este jueves 27, a las 13.
Más denuncias en la bicameral
El senador Joaquín Gramajo (Unite-9 de Julio) preside la comisión y su vicepresidenta es la diputada Lionella Cattalini (PS). La integran además los senadores Felipe Michlig (UCR-San Cristóbal), Orfilio Marcón (UCR-Gral. Obligado) y Armando Traferri (PJ-San Lorenzo); y los diputados Silvana Di Stefano (UCR), Astrid Hummel (UCR), Gisel Mahmud (PS), Ariel Bermúdez (CREO), Antonio Bonfatti (PS), Marcos Corach (PJ) y Emiliano Peralta (SV).
La semana pasada ingresaron formalmente a esa instancia tres expedientes, que aún no han sido considerados. Fueron elevados por el auditor del MPA, Leandro Mai y constituyen sendas denuncias de tres fiscales sobre presuntos hechos aún no evaluados en la Legislatura, contra el fiscal Matías Edery, quien fue suspendido temporalmente de sus funciones por el legislativo santafesino el 18 de abril, por cuatro meses, sin sueldo.
Con información de El Litoral
