El presidente Javier Milei vetó la ley de financiamiento universitario el pasado miércoles al término de la masiva movilización en defensa de la educación pública. Ahora tanto la Casa Rosada como los referentes libertarios en el Congreso buscan asegurarse los votos necesarios para blindar la decisión presidencial y todas las miradas se concentran en Mauricio Macri.
Tanto el peronismo como el radicalismo y el bloque que conduce Miguel Ángel Pichetto pidieron inmediatamente una sesión especial para insistir con la ley, saben que mientras más cerca de la movilización sea, mayor será la presión social que sientan los diputados y habrá mejores chances de éxito. La fecha elegida fue el miércoles 9 y necesitan el voto de dos tercios de los presentes.
Por su parte, los libertarios tendrán que volver a juntar el apoyo de los 87 “héroes” que frenaron la reforma jubilatoria el mes pasado. Pero el panorama luce mucho más complejo por diferentes razones. Principalmente por las señales de alerta que llegan desde PRO.
Los diputados conducidos por Cristian Ritondo están divididos. Algunos creen que hay que seguir apoyando a Milei sin fisuras y no tienen problemas en pagar el costo político de sostener el veto al financiamiento universitario. En cambios, otros destacan la mala praxis del Gobierno: entiende que la partida presupuestaria no pone verdaderamente en riesgo el equilibrio fiscal, que los libertarios se equivocan en ampliar el conflicto a otros ámbitos por fuera de lo salarial (por ejemplo al denunciar que las universidades inventan alumnos y son focos de corrupción política), y creen que no se tiene en cuenta que muchos diputados y senadores son profesores en esas mismas universidades.
“El costo total del proyecto es 0,14 del PBI. Pero como el Gobierno ya hizo una oferta salarial, deberíamos calcular cuál es la diferencia entre esa propuesta oficial y el 0,14 del proyecto. Tal vez todo este conflicto, que puede seguir escalando, es por un 0,08 del PBI”, explicó una diputada. Muchos de sus compañeros comparten que el costo político es demasiado alto en relación al costo fiscal.
