“Hay algunas cuestiones que tienen consenso y otras que sabemos que no tanto”, resumió un importante funcionario nacional cercano al presidente Javier Milei, para explicar cómo se encuentra el debate por la Ley Bases y el paquete fiscal en el Senado.
A pesar de que desde un comienzo el oficialismo se planteó la meta de que las reformas sean aprobadas por el Congreso antes del Pacto de Mayo, previsto para el próximo 25 de este mes, ese objetivo se fue diluyendo cada vez más y ahora ya aparece como difícil de alcanzar.
Si bien se continuará con las negociaciones hasta último momento, el Gobierno no contaría con los votos necesarios como para que ambos textos sean sancionados sin modificaciones.
En este contexto, el bloque de La Libertad Avanza en la Cámara alta cambió sus intenciones y actualmente busca el respaldo como para que los proyectos sean aprobados en general, pero reconocen que al momento del tratamiento en particular, varios artículos pueden ser reformulados o directamente eliminados.
De hecho, las reuniones de las comisiones en el recinto, que originalmente iban a finalizar la semana pasada, se extendieron y continuarán a lo largo de la que viene, por lo que se demora la firma del dictamen a partir del cual comenzarán a contarse los siete días corridos que por reglamento deben pasar antes de que se convoque a votación.
“Hay temas en los que todavía no hay un acuerdo, como puede ser el RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones) o el impuesto a las Ganancias”, explicó uno de los asesores presidenciales.
La primera de esas iniciativas se encuentra dentro de la Ley Bases mientras que la segunda, en el paquete fiscal, por lo que si finalmente son modificadas, ambos proyectos deberán volver a Diputados, lo que atenta con los tiempos del oficialismo de cara al Pacto de Mayo.
No obstante, las autoridades nacionales insisten en que la realización de ese acto no está en duda y que, en todo caso, lo que está condicionada es la convocatoria: “Se invitará solamente a aquellos gobernadores que hayan apoyado la ley en la votación en general”, advirtieron en Balcarce 50.
En los últimos días, un grupo de gobernadores -”que se creen especiales y distintos a los otros”, según criticaron algunos funcionarios- solicitaron una reunión privada con el Presidente para terminar de negociar personalmente las cuestiones en conflicto, pero aún no hay una respuesta oficial a ese reclamo.
Aunque en estos aspectos el Gobierno se muestra inflexible, por el otro, admitieron que están abiertos a modificar algunas de las 10 políticas de Estado que propuso acordar el presidente Milei cuando anunció el llamado a este evento en la apertura de sesiones legislativas.
Por el momento, los puntos a firmar con los mandatarios provinciales son: La inviolabilidad de la propiedad privada; el equilibrio fiscal innegociable; la reducción del gasto público a niveles históricos, en torno al 25% del Producto Bruto Interno; una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, simplifique la vida de los argentinos y promueva el comercio; la rediscusión de la coparticipación federal de impuestos para terminar para siempre con el modelo extorsivo actual; un compromiso de las provincias de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país; una reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal; una reforma previsional que le dé sustentabilidad al sistema, respete a quienes aportaron y permita, a quienes prefieran, suscribirse a un sistema privado de jubilación; una reforma política estructural que modifique el sistema actual y vuelva a alinear los intereses de los representantes y los representados, y la apertura al comercio internacional, de manera que la Argentina vuelva a ser una protagonista del mercado global.
“Permanentemente, vemos como hay un sector de la política, representada por el kirchnerismo, que solo pone palos en la rueda y es una máquina de impedir”, cuestionó el jefe del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Ezequiel Atauche, al encabezar la última reunión de la comisión de Presupuesto y Hacienda, a la que no asistieron los 33 legisladores de la oposición dura, que probablemente rechazarán las reformas.
Con este panorama, en la Casa Rosada los funcionarios vinculados con las negociaciones parlamentarias ya reconocen que los proyectos sufrirán modificación y volverán a Diputados, aunque destacan que, de ser así, las medidas de todas formas serán aprobadas, como ya ocurrió cuando obtuvieron media sanción.
Si se cambia algún artículo del RIGI o del impuesto a las Ganancias, o de cualquier otro tema, el oficialismo necesitará alcanzar en la Cámara baja una mayoría igual o mayor a la que obtenga la oposición en el Senado para insistir con la redacción original, de lo contrario, quedará la versión nueva. El impuesto al tabaco es otra de las cuestiones que generan conflicto, pero es un punto que al Gobierno no le interesa discutir en este momento.
