El gobierno de Alberto Fernández distribuye desde el ministerio de Desarrollo Social, y a través de los movimientos sociales y otras organizaciones comunitarias, más de un billón de pesos en ayuda a los sectores más vulnerables de la sociedad. Este presupuesto, que es el último ejecutado, corresponde a los principales programas de la cartera que comanda Victoria Tolosa Paz: Potenciar Trabajo, Políticas Alimentarias e Integración Socio Urbana.
Esa masa de dinero es administrada desde tres secretarías de Estado: la de Economía Social, que está a cargo de Emilio Pérsico, uno de los líderes del Movimiento Evita; la de Inclusión Social, a cargo de Laura Valeria Alonso, dirigente de La Cámpora; y la de Integración Socio Urbana, a cargo de la dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), Fernanda Miño. El principal referente del MTE es Juan Grabois. La última expresión política y las dos organizaciones sociales forman parte del armado del Frente de Todos.
Quizás ese billón de pesos de pesos distribuidos a los sectores más desprotegidos de la sociedad expliquen las palabras que utilizó la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, que a muchos los tomó desprevenidos: “No tenemos estallidos porque la ayuda social del Estado llega a través de las organizaciones populares”.
El diputado nacional por el Partido del Trabajo y del Pueblo (PTP) Juan Carlos Alderete, quien además es el referente principal de la Corriente Clasista y Combativa (CCC): “El trabajo de los movimientos sociales en los barrios evita un estallido en el conurbano bonaerense y otros conurbanos del país. La gente perdió la alegría y no llega a fin de mes para darle de comer a sus hijos”. Alderete no es un extraño: forma parte de la constelación de organizaciones de la UTEP e integra el bloque del FdT en la Cámara baja.
Los principales programas de la secretaría de la Economía Social a través de la cual Pérsico ejecutó el año pasado $594.285.915.595 son, además del Potenciar Trabajo, “El barrio cuida al barrio”, “Plan federal de ferias”, “Argentina recicla”, “Manos a la Obra”, “Mercados de cercanía” y “Microcréditos”.
La política alimentaria, más conocida como la Tarjeta Alimentar, distribuye fondos destinados a las familias más carenciadas del país por $442.755.687.402. Ese fue el presupuesto ejecutado a través de la secretaría de Inclusión Social en 2022 que está a cargo de Alonso, una dirigente de La Cámpora muy cercana al diputado Máximo Kirchner.
Por su parte, la secretaría de Integración Socio Urbana tiene como programas más destacados el Registra Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP); el Proyecto de Integración Socio Urbano y Acceso al Suelo.
El año pasado, Miño ejecutó un presupuesto de 11.213.769.266 pesos.
Alberto Fernández, a través del decreto 728/2022, otorgó a las cooperativas ligadas a los movimientos sociales el 30% de la obra pública del país de hasta $300 millones para la urbanización de los 5.687 barrios populares del país.
Según el registro de Miño, en la populosa provincia de Buenos Aires, en la cual se concentran 1.933 barrios carenciados, hay municipios que sobresalen por el aumento de asentamientos. Los primeros tres escalones son ocupados por La Plata (229), La Matanza (143) y Moreno (118). Buena parte de ellos se construyeron sobre tierras fiscales o privadas usurpadas.
A los habitantes de estos asentamientos, dónde residen 1.168.731 familias -unas 5.000.000 millones de personas bajo diferentes grados de precariedad y hacinamiento- está destinado el grueso de la ayuda social que distribuye el Gobierno a través de los movimientos sociales y de los funcionarios que también son dirigentes de esas organizaciones.
Pero no solo los movimientos oficialistas distribuyen o administran el dinero que sale de las arcas de Desarrollo Social a través de los diferentes programas.
Según los datos de la cartera a cargo de Tolosa Paz, el Ejecutivo reparte a través de los movimientos oficialistas y opositores, un mínimo de $49.248.498.175 al mes según el presupuesto aprobado por el Congreso de la Nación.
De ese monto, las organizaciones de izquierda, enroladas en la Unidad Piquetera, perciben $9.448.890.000. El resto de los más de 39 mil millones de pesos se lo distribuyen entre los movimientos sociales oficialistas, a través de sus cooperativas o Unidades de Gestión, e intendencias y gobernaciones.
El Polo Obrero y el Frente de Unidad Piquetera reúnen, en sus cooperativas de trabajo, a 148.367 beneficiarios del Potenciar, por lo que el Estado les gira de manera mensual 4.466.010.000 de pesos. Otras 65.000 personas cumplen funciones en Unidades de Gestión de Libres del Sur, lo que hace un importe de 2.641.200.000 de pesos. Y, además, otros 11.000 beneficiarios del MST cobran $439.680.000 mientras que más de 40 mil cooperativistas, nucleados en a la Coordinadora por el Cambio Social, perciben 1.902.000.000 de pesos.
Hay ministerios, como el de Trabajo y el de Obras Públicas, entre otros, que también tienen programas sociales, pero ninguna cartera, como la social, llega de manera tan directa a los barrios y a las personas más vulnerables del país y a través de los movimientos populares. Quizás a esto se refería la portavoz presidencial con sus declaraciones.
