Desde el inicio de la prometida política de obra pública cero, el gobierno nacional debió resignarse a ver que el Enohsa no interrumpa sus contratos en marcha en materia de financiación para el desarrollo o mejora de servicios públicos de agua potable y cloacas en todo el país, porque se trata de un ente con asignación de fondos propios que provienen de los impuestos a los combustibles.
A horas del anuncio de que será eliminado el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA), el propio gobierno aclaró que no serían interrumpidos los flujos de las obras en marcha. Resulta casi obvio: se trata de recursos de asignación específica. Habrá que ver cómo resuelve la Nación la desaparición de un organismo que fue creado por ley, que pronto cumplirá 29 años (ver recuadro) y que es heredero directo de una sigla que mucho tuvo que ver con el desarrollo de sistemas de provisión de agua potable en Santa Fe y en todo el país: el SNAP.
Promovido por el BID
El Servicio Nacional de Agua Potable se creó en 1964 y en cada provincia se generó su contraparte: el SPAR. No es casual que esa sigla haya estado en la mayoría de los tanques de las cooperativas de agua potable en el interior de Santa Fe. Sin los fondos que técnicos de la gestión SNAP-SPAR pedían a organismos de crédito internacionales a baja tasa de interés no se hubieran desarrollado tantos servicios comunales, municipales y cooperativos.
El organismo nacional se "independiza" de la ex Obras Sanitarias de la Nación que desde principios del siglo pasado se ocupaba de las grandes ciudades y los sistemas con más usuarios. De los pueblos más chicos se ocuparía el SNAP que luego se convirtió con mayor especialización en el ENOHSA. Las auditorías sobre su cuestionable funcionamiento, su escasa rendición de cuentas y hasta los eventuales dolos de los últimos años no explican el cierre, que ha generado una enorme preocupación entre los gobernadores de todos los colores políticos, lo digan o no.
Hoy la decisión política es terminar con un organismo creado bajo el impulso del BID y de la por entonces Oficina Panamericana de la Salud de los ’60 (la actual Organización Panamericana de la Salud). Basta revisar el discurso del presidente Javier Milei en Naciones Unidas para entender que hay convicciones profundas para su "Enohsa, afuera" y con esa decisión consecuencias concretas para las poblaciones rurales.
Pensado como una barrera
En aquellos difíciles años para los gobiernos democráticos de Arturo Frondizi y Arturo Illia, que efectivamente fueron derrocados por golpes militares, la Argentina no ofrecía garantías de que los fondos para sistemas de agua potable se usaran con esos fines. En cualquier momento podía venir un general poderoso a hacerse del poder, de facto o con votos, o ambas cosas como en otras oportunidades. (Y luego Onganía soñó ser ese general).
Obviamente el Banco Interamericano de Desarrollo (y seguramente los Estados Unidos) buscaron asegurar el destino loable de sus dólares: agua, no armas, para aventuras de ultranacionalistas o tercermundistas.
En pocas palabras, fueron quienes prestan dinero en el Mundo a muy baja tasa de interés los que reclamaron a la Argentina la garantía de que los fondos sean para los usuarios potenciales: que su ayuda llegue a la población que moría por enfermedades hídricas en auge por carecer de algo elemental, agua potable.
Hoy, ante las auditorías que muestran que hubo escaso apego a la rendición de cuentas en los últimos años, en lugar de mejorarlo se cierra el ente heredero de esa labor incompleta. Hay aún mucho por delante en especial sobre pequeñas poblaciones en cada provincia.
Mientras el área metropolitana de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires, así como las grandes ciudades de la provincia del mapa de la bota, tienen índices envidiables de provisión de agua sana, en el resto del país subsisten enormes porciones de población con agua de pozo contaminada. En Santa Fe el hidroarsenicismo de su franja oeste es grave. La provincia tiene unas 350 poblaciones pequeñas con servicios de agua potable (en algunos casos también cloacas) que forman parte del desarrollo que posibilitó el Enohsa entre otros actores.
Las 4 obras que siguen
En la provincia de Santa Fe solo cuatro obras tienen comprometidos fondos del Enohsa. El compromiso oficial hecho público (aún no hay nada firmado) es que esas inversiones continúen, ahora bajo la órbita de la Subsecretaría Recursos hídricos de la Nación.
Se trata de la ampliación de la planta potabilizadora de Agua de la ciudad de Santa Fe, cuyo estado de avance es hoy del 18%. Los trabajos en el establecimiento de calle Ituzaingó tenían apenas un desarrollo del 10% en julio pasado, cuando se reactivaron. (Se habían iniciado durante el gobierno anterior).
Por otra parte, un proyecto similar en la planta potabilizadora Granadero Baigorria de Rosario llega a un 15% de avance y, en cambio, está aún pendiente de ser licitada una de las etapas del acueducto Gran Rosario que tiene comprometidos fondos del Enohsa.
Finalmente, en la lista de las inversiones comprometidas que no serían afectadas se cuenta la terminación de la ampliación de la planta potabilizadora de Rafaela.
Fue clave ante bajante de 2021
La repetida imagen de las tomas de agua cruda a la vista, por la bajante del río Paraná y sus afluentes en 2021, contó con una respuesta del Enohsa que favoreció a Aguas Santafesinas SA con fondos frescos para la compra de equipos de bombeo en ciudades que corrían el peligro de quedar sin agua (de hecho los santafesinos deben recordar el sabor desagradable del agua potable en parte de aquel año). El organismo también colaboró con la reformulación de la infraestructura para captación en la ciudad de Paraná, entre otros antecedentes inmediatos. A nivel nacional se creó un fondo especial de mil millones de pesos que eran equivalentes a 100 millones de dólares. No se trataba solo de tener esos recursos, también importaba que ante la emergencia hídrica se entregaran de inmediato a los prestadores de las ciudades con problemas ante el descenso del nivel de los ríos.
Creado por una ley de Carlos Menem
El Enohsa fue creado por la Ley Nacional 24.583 de 1995 durante el gobierno de Carlos Menem. El ente sustituyó al CoFaPys que había creado en los ’80 la gestión de Raúl Alfonsín, en reemplazo del viejo SNAP nacido en los ’60.
Con información de El Litoral
