El bloque Somos Vida de la Cámara de Diputados, que encabeza Amalia Granata, avanzará este jueves con una acción judicial para pedir la nulidad de la votación de la reforma previsional aprobada la semana pasada en medio de una fuerte tensión en las afueras de la Legislatura y en el recinto. El bloque cuestiona el procedimiento que habilitó la votación.
“Vamos a pedir la nulidad de la votación de la ley de emergencia jubilatoria por graves violaciones al reglamento, con una medida cautelar que suspenda los efectos de la ley hasta tanto se resuelva el planteo judicial”, anticipó Granata en su cuenta en X.
Con años de entrenamiento en el mundo del espectáculo, la diputada encontró en el caos desatado el jueves pasado una oportunidad para posicionarse como la opositora más dura a Maximiliano Pullaro y hasta condicionar futuras reformas oficialistas.
Disputa por la reforma previsional
Cuando el jueves pasado promediaba la sesión y ya habían expuesto la mayoría de los bloques, el diputado socialista Pablo Farías pidió una moción de orden para interrumpir el debate y votar, y luego continuar con las exposiciones, porque la tensión en la puerta de la Legislatura se había agravado.
En ese momento la oposición cuestionó el procedimiento y la situación se calentó en el recinto. Finalmente se pasó a un cuarto intermedio y al retomarse se ratificaron votos y aclararon los que estuvieron confusos entre abstenciones y votos negativos.
“La moción no fue aprobada porque no hubo dos tercios de manos alzadas. Dada esa violación del reglamento, creemos que todo lo posterior es nulo, la aprobación que pidió la presidenta Clara García también fue irregular. Por ejemplo decía que nos abstuvimos y no fue así”, afirmó la diputada de Somos Vida y presidenta del Partido Libertario, Silvia Malfesi en El primero de la mañana por LT8.
El socialismo explicó que se adelantó la votación con toda legalidad. “Se hizo para que los violentos que querían interrumpir el normal funcionamiento no le ganen a las instituciones”. “Dado que estamos planteando una cuestión procedimental no política, consideramos que el juez es competente. Se produjo un atropello institucional muy grave que no puede quedar como un antecedente. Avanzamos con una acción, con una declarativa de inconstitucionalidad con esta medida cautelar para que el juez ordene la suspensión de la ley”, agregó Malfesi.
Con información de UNO Santa Fe
