En una carta pública difundida por el municipio de Santa Fe, intendentes de 10 ciudades del interior del país, entre los que se encuentran el primer mandatario capitalino, Juan Pablo Poletti, expresaron su “extrema preocupación” ante la decisión del Ministerio de Economía de la Nación de eliminar el Fondo Compensador al transporte del interior del país, es decir, los subsidios nacionales que se necesitan para sostener los sistemas de transporte público de pasajeros por colectivos.
También advirtieron que ante esta situación, “evaluaremos todas las medidas políticas y judiciales para garantizar las partidas ya asignadas por el Presupuesto Nacional”. La misiva está firmada por el intendente de esta capital; por Pablo Javkin (Rosario); Daniel Passerini (intendente de la ciudad de Córdoba) y Jorge Jofre (Formosa).
También lleva la firma de Juán Manuel Llamosas (intendente de Río Cuarto); Guillermo Montenegro (Mar del Plata); Roy Nikisch (Resistencia); Emiliano Durand (Salta); Rosario Romero (intendenta de la vecina Paraná); Raúl Jorge (San Salvador De Jujuy); Pablo Petrecca (Junín) y Santiago Passaglia (intendente de San Nicolás).
A su vez, los primeros mandatarios adelantaron que se autoconvocarán en los próximos días para solicitar en conjunto la revisión de la medida adoptada por Nación. Y convocaron al encuentro a los legisladores nacionales de cada una de las provincias involucradas para dicha instancia.
“Inequidad”
“Alerta de los intendentes ante la eliminación de los subsidios al transporte”, se titula la misiva difundida. “Esta medida (la eliminación de los subsidios) no es contra los intendentes, sino contra los millones de estudiantes, enfermeros, trabajadores que diariamente utilizan el transporte público para movilizarse en sus respectivas ciudades. Una determinación semejante afecta de forma directa a la productividad del país”, fustigaron.
De confirmarse la medida, “esto implicaría dejar sin transporte a todo el interior del país. Vale remarcar además que se sostiene la inequidad con el AMBA, ya que la eliminación sólo está planteada para el interior”.
“Si bien un esquema posible es el subsidio directo a los pasajeros y no a las empresas, esto tiene que ser estudiado en profundidad para establecer el universo de quién es sujeto pasible de recibir dicho subsidio. Hacerlo de manera improvisada puede implicar dejar sin transporte público a millones de argentinos del interior”, concluyeron los intendentes.
La decisión
La oficina de prensa y difusión del Ministerio de Economía comunicó que el Gobierno Nacional, “cumpliendo con uno de los objetivos trazados al inicio de la gestión, ha decidido disminuir el subsidio a las empresas prestatarias (oferta) de jurisdicción nacional, para concentrar la ayuda a los usuarios que más lo necesitan de forma directa, canalizando dicha asistencia a través de SUBE”.
En esta dirección, en primer término, la secretaría de Transporte “ha decidido terminar con el congelamiento de tarifas que había heredado de la gestión anterior en trenes y colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) para líneas de jurisdicción nacional, otorgando así a la tarifa mayor protagonismo en la cobertura de costos necesarios para operar. De esta manera, esta medida implica una disminución considerable de subsidios que iban a las empresas”.
De igual manera, “a partir del corriente año (no se precisa cuándo) se elimina el Fondo Compensador del Interior, cuyas sumas también eran recibidas por empresas prestatarias de los servicios del resto del país, o sea, fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)”.
Estas decisiones “guardan coherencia con el Pacto Fiscal que gobernadores provinciales y el gobierno nacional firmaron en 2017 y 2018, donde se comprometían a eliminar progresivamente los subsidios diferenciales en materia de transporte para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), como así también establecía que las provincias definirían compensaciones tarifarias y/o subsidios al transporte público de pasajeros por automotor desarrollado en el ámbito de sus jurisdicciones”.
Las personas que utilizan el servicio y que necesiten del aporte del Estado nacional “seguirán contando con el atributo social en todo el territorio nacional donde funciona la tarjeta SUBE. Se trata de una asistencia que es igual para todos, vivan en el lugar que vivan, y que implica un descuento del 55% de la tarifa del boleto del transporte público”.
En esta línea, la decisión del Estado nacional es “que los fondos lleguen directamente a los ciudadanos, sin intermediarios de ningún tipo, y beneficiando así a las personas que más lo necesitan”, concluye el comunicado.
