El objetivo es promover un debate donde también puedan participar los demás Poderes del Estado, instituciones de la sociedad civil, expertos y expertas en la temática y a la ciudadanía en general. La autora del proyecto, la diputada Mónica Peralta (GEN), aseguró que "es impostergable la discusión" sobre la modificación de la actual Ley Nacional de drogas Nº 23.737, ya que consideró que se están vulnerando derechos fundamentales que afectan la vida de la ciudadanía. En ese sentido, el proyecto se argumenta mencionando los hechos acontecidos en las últimas semanas que dejaron como saldo la intoxicación y muerte de decenas de personas por consumo de cocaína presuntamente adulterada en Buenos Aires, las situaciones de violencia urbana que se ven con frecuencia por las disputas territoriales y "cuya consecuencia es el derrame de sangre sobre nuestras ciudades".
En este punto, Peralta hace mención al triple crimen en la localidad de Ibarlucea "donde se pone en la agenda pública, nuevamente, aristas de un problema que se ha profundizado en las últimas décadas en nuestro país". "Ha quedado demostrado que la intromisión del sistema penal para resolver los problemas asociados con el consumo de drogas consideradas ilegalizadas, ha resultado disfuncional respecto al objetivo explícito en la legislación nacional y en las diversas Convenciones Internacionales de salvaguardar el bien jurídico Salud Pública a través de la reducción de la producción y consumo de sustancias", agrega en sus fundamentos sobre la revisión de la Ley 23.737.
Para Peralta es evidente fracaso del abordaje punitivo en esta materia, ya que se evidencia el incremento sostenido de la presencias de drogas ilegalizadas en la Argentina y a nivel mundial. Asimismo cuestionó que el sistema penal se haya ido centrando mayormente en el último eslabón de la cadena, como lo son las y los usuarios de este tipo de sustancias. La diputada también dice que hay que atender lo que sucede con las drogas llamadas "legales" de venta y consumo libre, que "por generar ganancias económicas a los grandes capitales, su consumo no está penalizado ni altamente cuestionado". Además, indica que "es de suma importancia diferenciar las categorías de uso ocasional, abuso, adicción o dependencia, ya que no es el mismo daño el que acarrea la sustancia en cada caso".
Luego agrega: "Debemos avanzar en una nueva ley de drogas que contemple medidas preventivas efectivas en relación a los grupos más vulnerables; que permita asistir a las personas con consumos problemáticos y que concentre los esfuerzos y recursos de nuestro sistema represivo en la persecución y sanción de los grandes grupos de narcotraficante y lavadores de activos de origen delictivo". "Creemos que el ámbito de las Audiencias públicas es el adecuado para abordar este tipo de debates con tanto impacto social. Estos espacios de intercambio abiertos y participativos contribuyen a fortalecer la relación entre los distintos poderes del Estado y la sociedad, al tiempo que permiten generar consenso necesarios para que las reformas institucionales propuestas se encuentren legitimadas por las mayorías y puedan perdurar en el tiempo. Se trata de mecanismos que promueven la participación de la sociedad en los procesos deliberativos sobre políticas públicas", finaliza.
Fuente: UNO Santa Fe
