Este lunes, una resolución judicial, dictaminó medidas alternativas a la prisión preventiva, a Marcelo Sain y otros dos ex funcionarios del Ministerio de Seguridad, en el marco de la causa en la que está imputado y es investigado por presuntas irregularidades en una licitación para la compra de armas.
Dicha resolución, también se aplica a Esteban Montenegro y Maximiliano Novas., y dispone que se haga lugar a la solicitud de la acusación, y se les impongan una serie de condiciones alternativas a la prisión preventiva como son: la constitución de domicilio, debiendo dar cuenta ante OGJ y MPA ante cualquier modificación y/o ausencia del mismo por tiempo mayor a las 72 horas; la prohibición de acercamiento a menos de 500 metros de testigos y denunciantes y de establecer cualquier tipo de contacto con los mismos; la prohibición de ingreso al Ministerio de Seguridad, dependencias policiales y Ministerio de Economía de la Provincia de Santa Fe; y la prohibición de comunicación con ambos ministerios.
Por último, se dispuso que se trabe embargo por un monto equivalente a la cotización oficial de cien mil dólares estadounidenses, debiendo denunciar bienes en un término de diez días de que cobre firmeza la presente resolución.
Por otro lado, resuelven que no se hace lugar a las alternativas relacionadas con tenencia y portación de armas y prohibición de salida del país con entrega de pasaporte.
El pasado 28 de abril, tanto el exministro de Seguridad de la Provincia, Marcelo Sain, el exsecretario y el exsubsecretario de la misma cartera fueron imputados en el marco de un legajo en el que el MPA investiga el accionar de las tres personas –cuando eran funcionarios públicos– en una licitación para comprar armas para la Policía de Santa Fe.
Además del extitular de Seguridad, también fueron imputados el exsecretario de Seguridad Pública, Germán Montenegro y el ex secretario de Coordinación Técnica y Administrativa, Maximiliano Novas.
La investigación está a cargo de la Unidad Fiscal Especial de Delitos Complejos de la Fiscalía Regional 1.
La Fiscalía atribuyó a los tres imputados las mismas calificaciones penales: coautoría de los delitos de negociaciones incompatibles con el cargo, en concurso ideal con tentativa de defraudación contra la Administración Pública por administración fraudulenta.
FUENTE: LT10
