Un plan para hacer a Aguas Santafesinas SA una empresa eficiente, con parámetros verificables, posibles de ser cuantificados y una visión más moderna de su rol para garantizar el derecho del acceso humano al agua potable, fue el fondo de la presentación de la compañía estatal respecto de los cambios que plantea para sus cuadros tarifarios.
En pocas palabras, se trata de adoptar medidas postergadas durante casi dos décadas, desde que el servicio de distribución de agua y conducción de líquidos cloacales volvió a manos de la provincia en las ciudades más pobladas del mapa de la bota.
Las medidas a adoptar requieren de una extensa explicación técnica que la firma (cuyas acciones están en manos del Estado) brindó a través de sus autoridades, pero también de una lectura política que el viernes 30 de agosto comenzó a ser pública. La audiencia tuvo ese carácter, fue pública y abierta a quien hubiera querido preguntar o exponer.
Dirigentes presentes
Dentro del sector del saneamiento y de quienes habitualmente participan de las audiencia públicas que discuten tarifas hubo una alta concurrencia. En cuanto a los dirigentes políticos, y en especial de los legisladores, fue bastante escasa. Se limitó a autoridades de la Cámara de Diputados y algunos jefes de bloques. Entre ellos, el socialista Pablo Farias, que preside la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General (el último filtro de los asuntos con ese tratamiento en Diputados) y su par radical José Corral, una figura clave dentro del oficialismo en la Cámara baja de la Legislatura, además de vicepresidente primero del cuerpo que preside la socialista Clara García.
En el directorio de Aguas hay figuras que provienen de esas dos fuerzas: fue asesora del bloque del PS su presidenta Anahí Rodríguez, que también ocupó ese lugar en la conducción del Ente Regulador de los Servicios Sanitarios; y por segunda vez es parte del cuerpo que toma las decisiones de la empresa Darío Boscarol. Julio Schneider, ex secretario de Hacienda del Ministerio de Economía y ex ministro de Obras Públicas ahora ocupa un rol central como asesor de las autoridades (se trata de quien revisa casi como un auditor externo los números).
Nueva gestión
La audiencia se realizó en la legislatura provincial, que es el lugar más adecuado par a discutir un futuro proyecto de ley y fue presidida por el subsecretario de Planeamiento Estratégico, Marcelo Mántaras -en representación del ministro de Obras Públicas Lisandro Enrico-, la presidenta de Aguas y el vicepresidente, Alfredo Menna. Expusieron Boscarol y el gerente comercial Cristian Latino, así como Schneider.
A la titular de la empresa le tocó explicar qué se quiere hacer de una firma que cuando el actual gobierno comenzó en diciembre de 2023 necesitaba que en un 80% el Estado Provincial la subsidie solo para mantenerse en actividad (sin contar las inversiones). El modelo a seguir tiende a que los usuarios de la firma, más que los contribuyentes, sostengan con la tarifa al menos el funcionamiento. No parece imposible, si se mira lo que ha sucedido con Aguas Argentinas en capital federal y el Gran Buenos Aires donde los aportes estatales que eran porcentualmente similares a los que existían aquí se fueron achicando hasta dejarlos en cero, en tan solo tres trimestres. Eso sí, la tarifa del agua para porteños y bonaerenses se multiplicó y hoy en promedio un usuario residencial paga entre 40 y 50 mil pesos. Un santafesino, unos 15 mil, según se expresó en la Audiencia.
Oscar Martínez, el ex diputado provincial de la Fundación Centro, dijo que en la provincia la tarifa había ya aumentado un 450%. Dijo que la fórmula que se pretende "incluye una cláusula gatillo que se dispara con la inflación" y la empresa santafesina estimó que hasta la finalización del año no habrá más actualizaciones, aunque sí avances para tener nuevos cuadros tarifarios, a partir de una reforma que busca cambiar el perfil de la empresa.
Dejar atrás viejos esquemas
El viejo esquema de la Dipos que pasó luego a la compañía de agua privatizada (a Lyonnaise des eaux, más tarde Suez) hasta la reestatización de 2006 se basaba en la abundancia: una fuente de agua inagotable (los efluentes del Paraná), conducidos por cañerías construidas en muchos casos a principios del siglo pasado, con consumo ilimitado. Y lo mismo para la colección de los líquidos cloacales. De todo se encargaba el río, o eso se creía.
Más allá de la salud de ese sistema hídrico, lo que se reveló finito es la capacidad de potabilización del agua cruda y la conducción de líquidos sucios. Y también los recursos que necesitan esas tareas, en materia de insumos y sobre todo de inversiones.
La privatización no logró la ampliación del servicio y las redes que habían justificado la concesión sin pago de canon. El contrato se congeló en cuanto a sus metas y luego fue el turno del Estado que mantuvo sin cambios tanto el marco regulatorio como el contrato de vinculación (ya no una concesión a un privado) bajo la eterna figura de la transición.
Ahora, el marco legal es el de la emergencia que da más facultades al Ejecutivo. Pero ayer quedó en claro que la intención es llevar el debate a donde ha comenzado: la Legislatura. Y por delante queda tanto una ley que modifique cómo calcular tarifas, dividir usuarios por su naturaleza (industriales, comerciales y residenciales) por su capacidad contributiva y por su cuidado del recurso.
Caudalímetros
El norte es la micromedición total de cada cuenta medible (hay consorcios y edificios donde no es posible hacerlo por cada hogar), lo que requiere dinero: Dario Boscarol sostuvo que habrá que instalar nada menos que 300 mil caudalímetros. Prometió un impacto inmediato de 50.000 en 2025 y otros tantos en 2026. Dijo que se invertirán $ 5.000 millones este año y otros 6.000 millones en el primer semestre del próximo.
La presentación tuvo varias particularidades: tuvo lugar en el mismo día en que los empleados de la empresa estatal llevaban a cabo un paro de actividades por reclamos paritarios y finalización de contratos y contó apenas con una sola intervención de un diputado opositor de la izquierda, Carlos del Frade, que reclamó bajar los costos para los usuarios. Lo mismo, el defensor del Pueblo, Jorge Henn.
El presidente del Ente Regulador de los Servicios Sanitarios, Jorge Lagna, recordó la doctrina de la progresividad que creó la Corte Suprema de la Nación para evitar tarifazos. El ex diputado provincial del PJ y ex ministro de Seguridad comentó llanamente que siempre pensó que no era "sostenible" que ASSA viviera del presupuesto del Estado, con 80% de sus funciones pagada por todos los santafesinos, aún los que no gozan de sus servicios.
El consejero de la Cooperativa de Servicios Públicos de Las Parejas, Daniel Puppo y la presidenta de la Federación Nacional de Cooperativas de Agua Potable de Santa Fe, Patricia Leiva, expusieron con cifras (que vale la pena mencionar en otras ediciones) lo que significa para ese sector comprar agua en bloque a la empresa estatal que ha multiplicado sus erogaciones. El intendente de la ciudad de Esperanza, Rodrigo Müller, de una jurisdicción que siempre tiene aportes en los debates sanitarios, se mostró esperanzado en que esta vez los cambios sean reales y el servicio logre ser más eficiente. El director del Observatorio de Servicios Sanitarios de la Universidad Nacional del Litoral, Luis Traba, explicó que la eficiencia deseada se debe reflejar en menos pérdidas en la vía publica y una normatización seria de los caudalímetros que serán clave para la micro y macro medición.
