El reparto de fondos a las provincias este año sería el más bajo en los últimos ocho años y profundizará el conflicto abierto entre la Nación y los gobernadores por el ritmo de transferencias y subsidios a las arcas provinciales. La suba prevista en los ingresos al fisco por retenciones y por impuesto PAIS, que no son coparticipables, harán que a lo largo del año las provincias se queden con menos del 30% de la recaudación tributaria total.
El plan de ajuste fiscal que puso en marcha el ministro de Economía Luis Caputo se apoya, en parte, en un recorte de las transferencias que hace la Casa Rosada a las provincias por distintos motivos, ya sea fondos para financiar educación, salud o vivienda y otros como subsidios al boleto de transporte público, que fue el último motivo de cruces entre el gobierno nacional y los provinciales.
En una primera instancia el equipo económico había estimado que la poda de envíos de fondos a los gobernadores tendría una magnitud de 0,5% del PBI (a valores actuales, unos $950.000 millones), pero el retiro del capítulo tributario de la ley ómnibus que decidió el Gobierno nacional -días antes de que terminara por caer el resto del proyecto- forzó al Palacio de Hacienda a rehacer los números. Los ingresos con los que contaba Economía en caso de que prosperara la iniciativa en el Congreso (por la reversión de Ganancias, suba de retenciones y cambios en la fórmula de aumento de jubilaciones) deberá conseguirlos por un ajuste más profundo en el gasto.
Es en ese marco en que las transferencias a las provincias están en la mira del equipo económico. Según estimaciones privadas, como las que realizaron en los últimos días las consultoras PxQ y LCG, el Gobierno ajustaría esa partida presupuestaria el doble de lo previsto inicialmente, desde 0,5% hasta 1 punto del PBI, con la nominalidad de hoy, cerca de 1,8 billones de pesos. “Estos números ponen en evidencia que el recorte a los giros provinciales potencialmente tendrá sólo un impacto limitado, dado que aún reduciéndolos por completo se podrá conseguir un 20% de los 5 puntos de ajuste para equilibrar el resultado financiero”, estimó LCG.
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Los fondos que reciben las provincias pueden dividirse en las que son automáticas (que surge por el cálculo que establece la fórmula de coparticipación federal) y las discrecionales. Sobre estas últimas, enero y febrero ya muestran con números concretos cómo la Nación se sentó sobre la caja y redujo en algunos casos al 100% el envío de este tipo de transferencias.
“Los recursos totales que llegaron a las provincias de fondos nacionales (automáticos y no automáticos) en enero del corriente año fue por $2,3 billones de pesos que exhiben una caída real del 15,6% interanual y a precios de enero 2024, dicho descenso consolidado de las transferencias totales equivale a unos $431.299 millones”, estimó un informe reciente de la consultora Politikón Chaco, especializada en finanzas provinciales. De forma desagregada: las automáticas tuvieron una caída de 13,9% y las no automáticas, de 97,7 por ciento.
Pero más allá del ajuste que decida el Poder Ejecutivo sobre las partidas discrecionales, el reparto que no depende de la voluntad de la Casa Rosada también tendrá este año menos peso en el universo de fondos que reciben las provincias. El año pasado los gobernadores recibieron el 34% de la recaudación impositiva total, un nivel histórico alto y que empató con la misma proporción que había tenido en 2020. Para este año, espera LCG, ese porcentaje caerá hasta el 28 por ciento.
Eso sucederá por varios motivos. “Este año las provincias verán reducida su participación en el total de la recaudación nacional porque el aumento de los recursos tributarios será traccionado por los impuestos no coparticipados: derechos de exportación a partir del fin de la sequía y del sinceramiento del tipo de cambio aplicable (por ahora un esquema 80% oficial / 20% contado con liquidación) e Impuesto PAIS por la ampliación de la base imponible y la suba de alícuotas dispuestas en diciembre último”, planteó esa consultora.
“En paralelo, el principal impuesto coparticipado -Ganancias- se verá afectado por la reforma del año pasado que elevó a 15 salarios mínimo vitales y móviles, el mínimo no imponible para las ganancias de la cuarta categoría de los empleados en relación de dependencia. En total esperamos que las provincias se queden con apenas 28% del total recaudado, un nivel semejante al de 15 años atrás”, concluyó LCG.
El último capítulo del cruce entre Nación y provincias por el reparto de fondos tuvo lugar la semana pasada cuando la Secretaría de Transporte anunció que cortaría el envío de transferencias para subsidiar el boleto de transporte público en el interior. Los mandatarios provinciales salieron a reclamar por esa medida, que aseguran que no estaba en la mesa de diálogo previa.
El cordobés Martín Llaryora anunció que soportará el recorte con fondos propios para evitar un aumento del boleto. El santafesino Maximiliano Pullaro hizo también declaraciones en ese sentido. Otros como el mendocino Alfredo Cornejo, el puntano Claudio Poggi o el pampeano Sergio Zillioto también fueron críticos con la medida.
Aunque las cámaras que nuclea a empresas con concesiones de transporte público aseguraron que no conocían de antemano la medida, este domingo desde la Asociación Argentina de Empresarios del. Transporte Automotor (AAETA), una de las cinco entidades representativas del sector, mencionaron, ante la queja de los gobernadores, que cerca de la mitad de los subsidios al transporte en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) es afrontado por el gobierno bonaerense. “Es importante que se debata porque las demás provincias no pueden hacer lo mismo, si la mayoría recibe más coparticipación respecto a lo que aportan al PBI nacional. Es importante que estos debates se hagan con datos precisos”, le dedicaron, como un mensaje al resto de las provincias.
