Tras ser arrestado por querer cruzar USD 200.000 sin declarar, el legislador de Unidad Federal será investigado por tres fiscales del país vecino, mientras que en Argentina existen antecedentes por presunto enriquecimiento ilícito.
Tras negar ante la fiscalía que el dinero que intentó ingresar de contrabando fuera suyo y quedar detenido en Paraguay, el senador nacional Edgardo Kueider es protagonista de un escándalo del que todo el arco político quiere despegarse y que salpica a los diferentes espacios, que se lanzaron acusaciones cruzadas respecto de su lealtad partidaria. En este contexto, la oficina del legislador por Entre Ríos anunció que pedirá licencia mientras dure la investigación en el país vecino, mientras surgieron causas previas en Argentina por presunto enriquecimiento ilícito y sospechas de sobornos.
El Ministerio Público Fiscal paraguayo ordenó, en el marco de la investigación, la conformación de un equipo especial de tres fiscales para avanzar con el caso por los presuntos delitos de lavado de activos y contrabando, tras ser detenido en ese país con más de USD 200.000, $600.000 y 3,9 millones de guaraníes sin declarar.
El director de Ingresos Tributarios de Paraguay, Oscar Orué, aseguró este jueves en diálogo con Radio Rivadavia que "cuando entró al país, Kueider dijo que era un senador oficialista", a la vez que remarcó que "va a tener que demostrar de quién es el dinero y de dónde salió".
"Acá (en Paraguay) tiene dos procedimientos y va a continuar en condición de detenido", agregó y explicó: "Un procedimiento como este puede tardar 90 días".
Mientras tanto, en Argentina salieron a la luz los antecedentes por presunto enriquecimiento ilícito y percepción de sobornos por parte del representante legislativo que ingresó al Senado por el Frente de Todos (actual Unión por la Patria), pero del que se separó para formar el bloque Unidad Federal.
Su patrimonio y sus movimientos financieros ya estaban siendo investigados: su nombre aparece mencionado en dos expedientes penales. Se trata de uno radicado en Concordia, donde se evalúa si se enriqueció de manera ilegal, y otro en tribunales federales de San Isidro, por supuestas coimas que habría pagado una empresa de seguridad para mantener contratos con el Estado y compañías privadas.
Ahora, se suma la pesquisa que abrió de oficio la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) con el fin de establecer de dónde venía el dinero que se le incautó al atravesar la Triple Frontera.
Fuente: El Canciller
