En el último tiempo, por el despacho del ministro del Interior, Guillermo Francos, pasaron los gobernadores de Santa Cruz, Claudio Vidal; de Neuquén, Rolando Figueroa, y de Mendoza, Alfredo Cornejo, como así también los diputados del PRO, Cristian Ritondo; de la Unión Cívica Radical (UCR), Rodrigo de Loredo, y de Hacemos Coalición Federal, Miguel Ángel Pichetto.
El Gobierno quiere lograr el mayor consenso posible en torno a la nueva Ley Bases para evitar que el paquete de reformas vuelva a ser rechazado o “desguazado” en el Congreso, como ocurrió semanas atrás, y por eso mantiene reuniones con los principales referentes de la oposición, en el marco de unas negociaciones que se extenderán hasta el mes próximo.
“Se agotaron las instancias de diálogo”, explicó una alta fuente de la Casa Rosada sobre esta decisión, que se tomó mientras en la Cámara de Diputados se encontraba reunida la Comisión de Previsión y Seguridad Social, por pedido del radicalismo.
Sucede que la oposición todavía reclamaba que se analizaran distintas fórmulas alternativas que tenían estado parlamentario, como la que había presentado María Eugenia Vidal y que impulsaba Ritondo, jefe del bloque del PRO en el recinto.
Si bien en principio este espacio tenía previsto apoyar el DNU, también remarcaban que, para ellos, se trata de “una solución momentánea”, pero que eventualmente el asunto “va a tener que ser tratado en el Congreso”.
En el mismo sentido se expresó la bancada de la UCR, la cual emitió un comunicado en el que se señaló que si bien sus integrantes consideran que “la vía parlamentaria es el camino indicado”, también calificaron de “acertada la decisión del Gobierno nacional”
“Al mismo tiempo, insistimos con la necesidad de que el empalme con la nueva fórmula de ninguna manera puede significar la consolidación de una pérdida del poder adquisitivo de los jubilados, dejándose fuera del cálculo el mes de enero, que fue el de mayor inflación”, advirtió el bloque comandado por De Loredo.
En el oficialismo, no obstante, confían en que, a partir de este DNU, se sacó de la mesa de discusión uno de los asuntos que generaban más discusiones y, por ende, las negociaciones por la Ley Bases podrán continuar de manera más fluida.
Sin embargo, en la bancada de La Libertad Avanza, que encabeza Oscar Zago temen que algún sector salga a cuestionar el aumento, pidiendo una suma mayor a la que le otorgó el Gobierno a los jubilados, y dificulte un eventual tratamiento del paquete de reformas.
Por el momento, las autoridades nacionales seguirán conversando con los partidos dialoguistas y con la mayoría de los gobernadores, algunos de los cuales considera que el DNU es “un parche” y que la fórmula jubilatoria “es algo que debe ser aprobado por el Congreso para que sea sostenible”, aunque no habían bajado ninguna orden a sus legisladores.
Los mandatarios provinciales siguen con una diferencia propia que, a su vez, dificulta las negociaciones con la Casa Rosada, y es que tienen diferentes posiciones sobre qué debería ocurrir con el impuesto a las Ganancias.
Para la zona de la Patagonia, si se retrotraen las escalas eliminadas en el 2023 por el entonces ministro de Economía y candidato a presidente, Sergio Massa, se verían perjudicados los trabajadores petroleros y mineros, entre otros, dos de las principales actividades productivas del sur, que generan, además, divisas.
Sin embargo, el Norte pide que se tome esa medida para, de esta manera, poder aumentar la recaudación, teniendo en cuenta que el proyecto que se enviará al Congreso ya no cuenta con el aumento de retenciones ni la posibilidad de coparticipar el impuesto al cheque ni el PAIS.
En Balcarce 50 esperan que los propios gobernadores se pongan de acuerdo y unifiquen una posición que por ahora no estarían teniendo, pero no habrá un cambio de estrategia: seguirán escuchando a todas las partes y tratando de consensuar la letra chica de la ley.
De todas formas, el oficialismo no tiene apuro en tratar el paquete y las reuniones van a continuar en los próximos días, después de los feriados del 24 de marzo -que se prevé, será polémico por un video institucional que transmitirá el Poder Ejecutivo con su versión de los hechos- y de Semana Santa, por lo que todavía hay tiempo para la discusión.
