A través de las resoluciones N° 105 y N° 106 (marzo de 2024), se suscribieron dos convenios entre la Municipalidad y el Ministerio de Justicia y Seguridad provincial, que implican dos medidas claves en materia de seguridad para esta capital. El Litoral ya había adelantado esta intención, con las declaraciones de los funcionarios; pero ahora, con la letra de los acuerdos rubricados, están los detalles de su aplicación.
En primer lugar, la cartera pondrá a disposición recursos humanos policiales en el marco de las tareas de recorridos preventivos que realiza personal de la Guardia de Seguridad Institucional (GSI) en sus móviles, con la intención de procurar “una inmediata intervención del personal policial” ante potenciales situaciones delictivas.
En segundo término, se acordó la “compatibilización e interconexión” de las cámaras de videovigilancia provinciales (que operan en esta capital, a través del 911) con las de Centro del Monitoreo local, con la intención de “lograr mayor efectividad en las acciones específicas de prevención, mejorar la calidad de los servicios brindados, simplificar actuaciones y hacer más eficientes los procedimientos de ambos centros de monitoreo”, dice el convenio, al que accedió El Litoral.
GSI y policías
El primer convenio, que lleva las firmas del intendente Juan Pablo Poletti y de Pablo Cococcioni, ministro de Seguridad, se especifica que dicha cartera “pondrá a disposición recursos humanos policiales en el marco de las tareas de recorridos preventivos que realiza personal de GSI en sus móviles, procurando una inmediata intervención del personal policial ante las potenciales situaciones donde así se requiera”.
El formato será “de binomio”, indica el convenio. Un policía estará a bordo de las unidades móviles de la GSI con el agente municipal asignado, “a fin de cooperar y complementar las tareas preventivas que desarrolla el personal municipal de la Guardia, en el marco de los recorridos que realiza en jurisdicción de la ciudad”.
El personal policial “tomará intervención en los momentos y situaciones en que se encuentre habilitado para tal fin”, ante la eventualidad de un hecho delictivo. A su vez, municipio y ministerio acordarán la planificación operativa del despliegue territorial de los móviles de GSI. El Gobierno local será responsable de la provisión de los recursos y elementos necesarios para el correcto funcionamiento de los vehículos.
Capacitaciones
Asimismo, las partes involucradas en el convenio acordaron desarrollar actividades complementarias tales como “la conformación de un espacio de capacitación permanente para los agentes de los gobiernos provincial y municipal”, a fin de “mejorar las aptitudes operativas en las funciones de prevención de delitos y faltas y de resolución de conflictos”.
También, cada tres meses municipio y ministerio confeccionarán un informe de seguimiento y monitoreo de la dinámica y los resultados obtenidos en la aplicación práctica del convenio, con la intención de “elaborar guías de actuación, y proponer ajustes o modificaciones que se consideren pertinentes”.
Monitoreo articulado
En el segundo convenio, ciudad y ministerio acordaron disponer la “compatibilización e interconexión” de ambos sistemas de videovigilancia (el provincial y el Centro de Monitoreo municipal), para lo cual se pondrán a disposición todos los recursos técnicos y humanos existentes en forma recíproca, con el fin de “visualizar los puntos de monitoreo de ambas partes, permitiendo ampliar el espectro de visualización dentro de la jurisdicción” de Santa Fe ciudad.
Toda la información proporcionada que surja de la cámaras tienen carácter absolutamente confidencial, “y sólo podrá ser requerida por magistrados, fiscales o defensores, que se encuentren abocados a la investigación o al juzgamiento de causas contravencionales o penales”, deja en claro el convenio.
Por otro lado, la Municipalidad adhiere a un protocolo de la sección Monitoreo elaborado por la Dirección General Central “OJO” (ver más abajo). Las partes firmantes se comprometen a poner a disposición sus equipos técnicos para “diagramar y acordar guías de actuación, protocolos o documentos ordenadores”, con el objeto de determinar procedimientos para desarrollar las tareas convenidas y necesarias y, así, lograr el objetivo: reducir los niveles de inseguridad en la ciudad.
El convenio regirá desde el 1° de marzo de 2024 hasta el 28 de febrero de 2025, renovándose automáticamente si ninguna de las partes manifestara su voluntad en contrario, indica el convenio. Y cualquiera de las partes podrá rescindirlo, comunicándose oportunamente.
Protocolo
El Protocolo acordado establece los lineamientos generales y específicos respecto del funcionamiento de la Sección de Monitoreo de la subdirección Central de Atención a la Emergencia 911. Allí se delimitan, además de las estructuras de cargos y puestos operativos, la responsabilidad en el tratamiento y confidencialidad de las imágenes registradas, los procedimientos aplicables y casos específicos de comunicación y remisión a las autoridades judiciales y al Ministerio Público Fiscal.
El personal monitoreará activamente las cámaras de videovigilancia provinciales y municipales en busca de posibles hechos delictivos con el fin de prevenirlos -a través de la coordinación con otras áreas-. Tendrá un rol reactivo “brindando apoyo visual al personal policial o de gobierno local que se encuentre en un incidente u operativo dentro del alcance de los puntos de monitoreo”.
Por otro lado, los registros fílmicos constituyen una base de datos en la que, conforme a la normativa vigente, “la sección de Informes Judiciales podrá remitir información a las autoridades competentes provinciales y federales que requieran el relevamiento de imágenes, con el fin de servir como pruebas en causas judiciales”.
Operatividad
Cada operador de cámaras se reportará a su supervisor inmediato, toda vez que visualice una situación que pueda llegar a desencadenar en un delito o una contravención. En caso de visualizar movimientos que requieran la intervención de otras áreas -como por ejemplo Trata de Personas, Dirección de Control y Prevención de Adicciones, etcétera-, deberá tomar nota de la fecha, horario -etcétera- en que ocurren, e informarlo al supervisor.
También deberá verificar el correcto funcionamiento de sus grupos de cámaras asignados, prestando especial atención a que los domos se encuentren girando correctamente y con el comando correspondiente; y, en cuanto a las cámaras fijas, que estén apuntando su lugar original, cualquier novedad la debe informar.
Además, cada operador deberá corroborar que todas las cámaras tengan conexión y se encuentren grabando. También, verificar el correcto funcionamiento de los comandos; examinar si la visibilidad de las cámaras se encuentra sucia u obstruida por pasacalles, ramas, corte de alumbrado público; controlar que los puntos cardinales se encuentren de manera correcta, entre otras funciones.
Pertinencia y carta de incidencia
Finalmente, aparece otro punto interesante respecto del procedimiento ante un eventual delito; la detección y evaluación de pertinencia de lo que registran las cámaras.
Los operadores de cámaras, al detectar una situación, “un evento con apariencia o en proceso”, o por alerta del sistema deberá dar aviso al Jefe de Servicio (supervisor de sala), para dar lugar a la evaluación de pertinencia e inmediata generación de la carta de incidencia (éste es la herramienta que sirve para documentar los detalles que han provocado un determinado incidente)”.
Aquí, de acuerdo al protocolo, deberá priorizarse el seguimiento del hecho que motivó la carta de incidencia, para reunir la mayor cantidad de información posible; analizarse el entorno para poder brindar apoyo visual a los operadores radiales del 911, mediante la focalización, orientación o selección de cámaras con mejor visualización del lugar del hecho o del seguimiento del mismo.
“Los detalles que se consideren de interés por parte de los operadores de cámaras deberán ser informados para documentación en la carta de incidencia”, dice el protocolo.
Fuente: El Litoral
