Acaso por el tiempo de espera que llevan unas 150 víctimas de estafa del Loteo Nueva Arboleda, en la ciudad de Santo Tomé, entre los damnificados se comienzan a tejer especulaciones sobre las verdaderas causas de tanta demora, más cuando ya ganaron dos veces en tribunales en sendas sentencias de 2020 y 2023.
Familias damnificadas se comunicaron con El Litoral y pidieron que se recuerde que sigue sin ejecución lo resuelto por la justicia para que -con el producto del remate del bien en cuestión- al menos haya una suerte de resarcimiento, que saben será menor que el dinero y los sueños que depositaron en el loteo. La enorme mayoría de los damnificados buscaba tener el techo propio, no eran inversores en busca de una oportunidad especulativa.
La demora de cuatro años, desde que la justicia se pronunció sobre numerosas demandas (los perjudicados fueron divididos en grupos por sus abogados) se explica porque tras las primeras sentencias dictadas a partir de mayo de 2020 por el juez Diego Aldao, a favor de los demandantes y contra los organizadores del loteo, Mariano Alejandro Coronel y Patricia Noemí Cardozo Loverde, hubo un giro inesperado.
El juez Aldao dejó establecido en su sentencia de 2020 que hubo un acto de compra venta hace más de una década, admitió su documentación y testimonios (hay relatos que aún en el técnico lenguaje judicial describen el daño moral además del económico) y estableció la obligación de Coronel y Cardozo Loverde de abonarles ambos perjuicios, con más los intereses.
Se expone en el fallo que a sabiendas los nombrados no contaban con la habilitación municipal de la ciudad de Santo Tomé para lotear la propiedad, ni para la operación inmobiliaria que sin embargo tuvo una amplia publicidad con la que aún es posible tropezar en una simple búsqueda por internet.
