Funcionarios del Ministerio de Seguridad, de la Unidad Regional I de la policía, de las municipalidades de Santa Fe y de Santo Tomé y del MPA se reunieron para avanzar en la tarea conjunta que vienen realizando para controlar las motos que circulan por la vía pública. Desde el jueves 14 de abril y hasta el domingo 29 de mayo, la policía secuestró 632 motos en las calles de las ciudades de Santa Fe y de Santo Tomé.
El encuentro de trabajo se llevó a cabo en la sede de la Fiscalía Regional 1 del MPA. Las reuniones se realizan cada 15 días desde que en abril de este año entró en vigencia el decreto número 460 del gobernador de la provincia que faculta a la policía a secuestrar motovehículos que incumplen alguna de las exigencias reglamentarias para circular.
Agenda
Los representantes de las distintas agencias del Estado analizaron los procedimientos realizados y acordaron producir y cruzar los datos que administra cada institución. También avanzaron en la definición de mecanismos para devolver a sus dueños aquellas motos que fueron recuperadas y que poseen pedido de secuestro por robo. Por otra parte, dialogaron acerca de la compactación de los motovehículos que están en condiciones de ser destruidos y de la necesidad de capacitar a verificadores para sumar más especialistas en la materia.
Presentes
Los funcionarios del Ministerio de Seguridad que participaron de la reunión fueron el secretario de Gestión y Política de la Información, Jorge Fernández, el subsecretario de Prevención, Gustavo Puchetta, y el coordinador Facundo Bustos. También estuvo el subjefe de la Unidad Regional I, Comisario José Carruega. Por la municipalidad de Santa Fe asistieron el secretario de Control, Fernando Peverengo, y el subsecretario de Convivencia Ciudadana, Guillermo Álvarez. En tanto, por el municipio santotomesino lo hicieron el secretario de Gobierno, Gastón Borgna, y la directora de Seguridad Ciudadana y Policía Municipal, Virginia Monzón.
En tanto, por la Fiscalía General del MPA estuvo el director de Política Criminal, Augusto Montero, mientras que por la Fiscalía Regional 1 lo hicieron el subsecretario de Persecución Penal, Diego Poretti, y el fiscal Eric Fernández, a quién se le asignaron todas las investigaciones penales relacionadas al tema.
