Este viernes el juez Jorge Patrizi prorrogó un año la prisión preventiva de D.C., el docente del complejo educativo San Roque. El hombre está detenido desde el 2020 con una imputación por el abuso sexual a un alumno del jardín. Hubo un extenso debate sobre los plazos procesales que afectan tanto a las víctimas como a los acusados de delitos, ya que hay demoras en la organización del Poder Judicial para la realización de juicios y audiencias.
A mediados de febrero de este año hubo una audiencia a cargo del juez Nicolás Falkenberg. Allí se solicitó de parte de la fiscalía y de la querella (la abogada Carolina Walker) una prórroga de la prisión preventiva y, por otro lado, la defensa pidió que quede en libertad condicional. El magistrado falló a favor de los fiscales y se extendió ocho meses más el plazo de detención. La defensa de D.C., los abogados Ignacio Alfonso Garrone y Sebastián Oroño, apeló esa resolución. Entonces el juez Roberto Reyes anuló el fallo de Falkenberg y ordenó que se haga una nueva audiencia para definir si corresponde o no la prisión preventiva a D.C.. La misma se hizo este viernes.
Antes que el Ministerio Público de la Acusación (representada por la fiscal Celeste Minniti) y la defensa comiencen con el debate judicial en la audiencia de este viernes, pidieron la palabra los padres de la víctima. "Arruinó la vida de mi hijo y la nuestra", dijeron al juez. Además contaron sobre las secuelas psicológicas que padece el niño hasta el día de hoy, como que no puede entrar a una escuela porque sufre de ataques de pánico, entre otras situaciones. En esta línea pidieron que el docente llegue preso al juicio.
El problema es que por un lado el tiempo de la prisión preventiva que corresponde por la ley está excedido, ya van más de dos años desde que detuvieron a D.C.. La fiscalía presentó la acusación a los diez meses de la imputación. Pero la Oficina de Gestión Judicial no puso fecha de juicio en los tiempos que marcan las normas. Esta situación fue reconocida por Falkenberg en su fallo, que dijo: "Lamentablemente la carencia de recursos humanos, precisamente de magistrados, ha generado la dilación de los procesos que no es atribuible a ninguna de las partes del proceso. Por otra parte, no tendría sentido cautelar medidas a un imputado de prisión preventiva por peligro de fuga y entorpecimiento probatorio y luego disponerle la libertad muy poco antes del juicio oral y público porque eso podría llevar al absurdo que en la actualidad no se despachen más medidas cautelares".
Entonces, la defensa plantea que a las demoras y problemáticas del Sistema Judicial no las puede pagar el imputado, y la fiscalía y la querella dicen que no la pueden sufrir las víctimas con la libertad del acusado. Las posturas se debatieron en profundidad por las partes durante una hora esta mañana en los Tribunales.
Finalmente, Patrizi argumentó su decisión en que "está presente el entorpecimiento probatorio, está acreditado". Es decir que hay probabilidades que la libertad de D.C. afecte las pruebas que se pueden llevar al juicio del 21 de junio de este año. "Estamos hablando de una pena de 20 años de prisión en la acusación, y la fiscalía habla de una certeza de condena. Hay una probabilidad seria que está acreditada", dijo sobre los hechos que se le acusan a D.C.. Y el magistrado remarcó que a pocos meses del juicio el "riesgo" del entorpecimiento es mayor.
El caso
D. C., de 40 años, fue imputado y detenido a fines de febrero del 2020 al ser investigado como autor del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por ser el guardador y encargado de su educación, con corrupción de menores agravado, en perjuicio de un niño que asistía al jardín San Roque. La acusación la hizo el MPA el 30 de diciembre del 2020. Fue apelada por la defensa y se resolvió finalmente el año pasado a favor del MPA.
Cabe recordar que, de acuerdo a lo que explicó Walker a UNO, luego de la primera denuncia fueron cerca de 20 niños que se acercaron a su estudio. Las víctimas en ese momento tenían en promedio tres años, muchos padres y madres decidieron no avanzar en el proceso judicial a lo largo del tiempo, la mayoría no asistió a las cámara Gesell y luego ocurrió la pandemia, por lo que quedó solo un denunciante. El niño pudo contar con claridad a operadores del sistema judicial los sucesos que llevarán a D. C. al juicio.
Además, en el marco de este caso, la institución educativa fue intervenida por el Ministerio de Educación y dos autoridades de la misma fueron imputadas, y son investigadas por encubrimiento agravado. Una de las imputadas es una mujer de 49 años cuyas iniciales son C. F. L., quien era la directora de la institución educativa en 2018, año en el que se habrían producido los abusos. Por su parte, la otra mujer investigada tiene 36 años, sus iniciales son E. K., era la vicedirectora en 2018 y es la actual directora del establecimiento.
La fiscalía adelantó en audiencias previas que solicitará 16 años de prisión, y la querella 20.
Fuente: UNO Santa Fe
