El abogado de Cristina Kirchner en la causa ‘Vialidad’, Carlos Beraldi, aseguró este viernes que la labor de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola constituye "un caso paradigmático de lawfare", al tiempo que remarcó que la Vicepresidenta ya pidió al tribunal que tome testimonios para iniciar una investigación por el delito de prevaricato.
En declaraciones al canal C5N, Beraldi acusó a Luciani y Mola de incurrir en mentiras e inconsistencias durante el juicio oral, y sobre la posibilidad de que se inicie una denuncia por prevaricato contra los fiscales remarcó que eso "ya lo pidió directamente la doctora Kirchner".
"Una vez que se dicte la sentencia, habrá que resolver si se comienza una investigación en la sede de la Procuración (General de la Nación) o directamente ante un juzgado penal", anticipó sobre ese punto.
Cuando le preguntaron si consideraba que la sentencia del tribunal "ya estaba escrita" con una condena a la titular del Senado, el letrado respondió que no y dijo que tiene la expectativa de que "haya un fallo conforme a derecho".
"Yo no soy un optimista ni tampoco soy un pesimista, pero nuestro trabajo tuvo mucho impacto", evaluó al referirse al alegato que concluyó este viernes.
Valoró también el trabajo de otras defensas que intervinieron en la causa, entre las que hubo -dijo- "presentaciones muy potentes, con explicaciones técnicas sólidas y convincentes".
Las respuestas a las acusaciones
Beraldi se refirió a uno de los puntos de su exposición, en la que replicó una de las premisas de Luciani sobre que el Tango 01 había volado a Santa Cruz el 30 de noviembre de 2015 con el -supuesto- objeto de que se realizara una reunión en Río Gallegos con Lázaro Báez.
Ese vuelo, subrayó, había sido el día anterior y sin la presencia de Cristina Kirchner, que estaba en Bariloche.
"A partir de unos mensajes que habían encontrado en el teléfono de José Lopez, y que se incorporaron al juicio el último día de la audiencia para sorprendernos, buscaron una historia y la historia era que de esos mensajes surgía que se iba a producir un encuentro en Santa Cruz. Pero al conectar ese mensaje con la nota (un artículo del diario La Nación utilizado por los fiscales para la acusación) había una discordancia de 24 horas", planteó el defensor.
Y agregó: "Nosotros nos encontramos que ese día la entonces Presidenta había viajado a Bariloche a hacer un acto, para participar de una planta industrial de enriquecimiento de uranio".
Ese hallazgo, siguió Beraldi, lo llevó a preguntarse en el cierre del alegato "cómo se vuelve de esto, cómo se retrocede de esto", ya que -insistió- "esa no fue la única mentira".
Además, cuestionó que Luciani y Mola no hayan contado con "una pericia, un elemento objetivo" para probar el supuesto perjuicio patrimonial contra el Estado, por lo cual presentaron "una planilla que hicieron ellos, y entonces escuchamos al fiscal decir que ‘más o menos calculamos esto, y pusimos más o menos esto otro’."
"Por una cuestión hasta de decoro no quise avanzar, porque esto es un escándalo. Dicen que es un caso de corrupción y la fiscalía no tiene una pericia para documentarlo", criticó.
Para Beraldi, la acción de los fiscales en la causa puede leerse como un ejemplo de "lawfare", porque ese tipo de práctica judicial consiste en "plantear una hipótesis y sostenerla sin importar si aparece prueba o no".
"En este caso es mucho peor, porque el ministerio público, la fiscalía, es un órgano del Estado y esa función tiene que hacerse conforme al principio de legalidad", concluyó.
