Luego de lo que fue la audiencia imputativa en el marco de la causa de espionaje ilegal en la que está imputado entre otros el exministro de Seguridad, Marcelo Sain, los fiscales del caso dialogaron con la prensa detallando las cuestiones que obedecen a la atribución de los hechos y demás cuestiones que operan en la causa.
Entre lo que destacaron se postuló que el gobernador Omar Perotti no estuvo involucrado en las escuchas que recabó el MPA como evidencia, aunque si se nombra a otros funcionarios del gobierno provincial pero sin recaerles responsabilidad imputativa. "Se atribuyó una asociación ilícita que se dedicaba a realizar tareas de inteligencia criminal. Así mismo se atribuyó la malversación de caudales, peculado y abuso de autoridad", según detallaron los fiscales.
En relación a la pena prevista en el carácter de jefe de la asociación ilícita que encabezaba Marcelo Sain se estableció que "por ordenamiento jurídico el mínimo es de cinco años". Además se dejó en claro que por ahora no están analizando solicitar la prisión preventiva para los acusados en la causa, aunque no se descartó de plano: "Estamos evaluando las que serán las medidas cautelares que vamos a solicitar y al momento de la audiencia se darán a conocer", detalló la fiscalía.
Además se deslizó que se mencionan nombres de funcionarios del gobierno provincial. "Como mencionarse en los diálogos entre ellos han existido algunas menciones a otros funcionarios. De todas maneras, hasta el momento los imputados son con los que hemos celebrado la audiencia y las atribuciones son éstas", detalló el MPA.
Asociación ilícita
Según planteó la Fiscalía en la imputación, la organización criminal funcionó de forma permanente, estable y organizada durante aproximadamente dos años, desde –al menos– el 30 de diciembre de 2019 y hasta el 26 de noviembre de 2021. Tenía estructura piramidal, era encabezada por el exministro de Seguridad y por las dos organizadoras y contaba con dos tipos de estructuras simultáneas (una en el Ministerio de Seguridad de la provincia y otra en el OI).
“El objetivo de la asociación ilícita era cometer diversos delitos contra la administración pública y contra personas humanas y jurídicas”, informó el MPA y agregó que “por ese motivo, el jefe y las organizadoras diseñaron, pusieron en funcionamiento y sostuvieron en el tiempo un sistema destinado a cometer y permitir la comisión de delitos, disimular su ilegalidad e intentar lograr la impunidad de los involucrados”.
Estructura piramidal
En relación al jefe de la banda criminal, se le atribuyó haber coordinado la estructura que recopilaba ilegalmente información de personas físicas y jurídicas. En tal sentido, la Fiscalía puntualizó que “en uso de su jerarquía como ministro de Seguridad, utilizó partidas de gastos reservados, omitió deliberadamente controlar al personal a su cargo, contrató servicios, personas y dispuso de otros medios para que la organización ejecute las actividades de inteligencia prohibidas”.
“También dictó órdenes abusivas y contrarias a la legislación para que se aplique violencia contra personas privadas de su libertad, y omitió deliberadamente controlar el accionar abusivo y violento de la policía en determinados casos”, destacó el MPA.
En cuanto a las personas imputadas como organizadoras, la Fiscalía hizo hincapié en que la información ilegal de los perfilamientos era producida por personas que dependían de ellas. Una vez construidos los datos, las dos organizadoras los compartían entre ellas y, finalmente, se los remitían al jefe de la asociación ilícita.
“En ese contexto, las dos organizadoras eran quienes, entre otras actividades ilícitas, ordenaban realizar informes de inteligencia (a los que llamaban “perfiles”; “dossier”) de personas que elegían por sus opiniones políticas, por sus pertenencia a partidos políticos, organizaciones o empresas”, advirtió la Fiscalía. “En algunos casos, ellas mismas gestionaban información de causas penales que tramitaban en el MPA y en la Justicia Federal gracias a sus relaciones personales con distintos funcionarios”, se especificó.
Acerca de las cinco personas investigadas como miembros de la asociación ilícita, se les endilgó ejecutar las órdenes ilegales que recibían, a pesar de que sabían que eran contrarias a la ley.
“Obtenían, registraban, sistematizaban y analizaban la información conseguida ilegalmente, y luego la transmitían a las organizadoras y al jefe de la asociación ilícita. Simultáneamente, realizaban maniobras para evitar que el resto de los integrantes del Ministerio de Seguridad y del OI se enteraran de la inteligencia ilegal que realizaban”, se subrayó.
Fuente: UNO Santa Fe
