Mediante un comunicado oficial, el Gobierno de Santa Fe -a través de las áreas intervinientes-, denunció penalmente a la organización civil católica Grávida por su intervención en el caso de la niña de 12 años abusada por su padre que manifestó su voluntad de abortar, y que fuera captada por esta ONG.
De esta manera, desde la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad de la provincia, se presentó un "escrito" ante la Unidad Fiscal de Violencia de Género, Familiar y Sexual (Gefas) "por el caso de la niña de 12 años abusada a quien se le intentó impedir su derecho a decidir" y "a los efectos de que se inicie la investigación penal preparatoria que permita dilucidar las correspondientes responsabilidades", según dice el parte de prensa que se conoció en la tarde de este lunes.
El Gobierno de Santa Fe, a través de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social; el Ministerio de Salud; y el Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad, en los términos del art. 262 del Código Procesal Penal de Santa Fe y art. 263 del mismo código y en cumplimiento del Artículo 64 de la Ley Provincial N° 12.967, presentará ante la Justicia toda la información concerniente a las intervenciones en el caso de la niña de 12 años abusada en la cual se habría intentado obstaculizar una ILE por parte de personas pertenecientes a la ONG Grávida", comienza diciendo el comunicado.
En el escrito, cuya publicación completa no es viable por contener información privada y que, de difundirse, sería revictimizante para la niña y su familia, el Gobierno sostiene: "Venimos por la presente, a poner a su conocimiento, en los términos del art. 262 del CPP de Santa Fe y art. 263 del mismo código y en cumplimiento del Artículo 64 de la Ley Provincial N° 12.967, a los efectos de que se inicie la Investigación Penal Preparatoria que permita dilucidar las correspondientes responsabilidades de quienes actuaron en los hechos que más abajo se relatan".
En párrafos posteriores se indica que "la actuación del Estado comprendió acciones de contención y asesoramiento a la niña y a su madre, que tuvo como eje central la acción de informar acerca de las opciones legales que nuestro marco normativo prevé para los casos de embarazos producto de violaciones en niñas y adolescentes. Estrategia que se reconfiguró cuando la niña y su madre dieron su consentimiento informado para proceder a una interrupción legal del embarazo".
En este sentido, el escrito de Gobierno aclara que no abordará en detalle los informes ya que serán adjuntados. Por otro lado aclara: "Nos ocupa en particular, poner en conocimiento de los órganos competentes para preparar y ejercer la acción penal la actuación de los miembros de la Asociación Civil con Personería Amigos de Grávida Santa Fe (Resolución N° 45/2015 IGPJ de Santa Fe) que, a través de distintas acciones obstaculizaron el acompañamiento estatal e impidieron el ejercicio efectivo de los derechos de la niña".
"Será una tarea del organismo competente determinar el accionar y la tipificación penal -si correspondiera- de los hechos que se introdujeron en el escrito y que obran en los relatos de todas las personas y profesionales intervinientes en dicha situación. Pero no puede escapar a la institucionalidad del Estado Provincial el accionar de personas de una asociación civil que de manera explícita se sustraen a las intervenciones legales de las agencias del Estado obstruyendo, de esa manera, el ejercicio de los derechos de una niña", termina el comunicado.
Grávida y Casa de Betania
Cabe recordar que una niña de 12 años que pidió abortar luego de denunciar que sufrió reiterados abusos por parte de su padre, permaneció desaparecida durante más de 24 horas, tras no presentarse al Hospital Iturraspe para la interrupción voluntaria del embarazo. Tras un requerimiento fiscal, confirmaron que la menor y su madre estaban en la Casa Betania de las Hermanas Siervas de Jesús Obrero, adonde se las fue a buscar con la policía y una orden judicial. Hasta allí habrían sido llevadas por la organización católica Grávida, a la cual se pide investigar.
Grávida emitió un nuevo comunicado este domingo en el que pretende "llevar a conocimiento de toda la ciudadanía santafesina que Grávida Santa Fe no posee sede ni casa propia en esta ciudad ni en otro lugar de la provincia". Y aclara que "erróneamente se informó que el inmueble sito en calle 9 de Julio 2663, Casa Betania, de las Hermanas Siervas de Jesús Obrero, era propiedad de nuestro Centro y que funcionaba como sede o casa de alojamiento de embarazadas en situación de extrema vulnerabilidad".
La entidad destaca: "Por ello es que la mamá y la menor, que durante esta semana (por la pasada) fueron acompañadas por Grávida Santa Fe, se alojaron en ese lugar, en forma libre y voluntaria, a partir del lunes 2 de enero a las 13.30 aproximadamente, gracias a la generosa y desinteresada colaboración de las hermanas, quienes le prodigaron un lugar adecuado donde permanecer mientras la menor se realizaba los estudios complementarios prescriptos".
La entidad asegura que "los mismos fueron indicados por el médico con quien la familia se había entrevistado para realizar consultas vinculadas con la salud de la niña quien se encontraba cursando un embarazo de 24 semanas (6 meses)".
Con información de El Litoral
