La querella de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa por el intento de magnicidio del 1 de septiembre pasado reclamó que se secuestre el teléfono celular del diputado nacional del PRO Gerardo Milman, ante una evidencia "que es cada vez mayor", según nueva prueba incorporada.
"A esta altura de la investigación, consideramos imperioso secuestrar el celular cuyo análisis es más importante para la pesquisa, el de Gerardo Milman", sostuvieron los apoderados de la Vicepresidenta, José Manuel Ubeira y Marcos Aldazábal, en el escrito al que tuvo acceso Télam.
El nuevo pedido de pruebas se hizo ante la jueza de la causa María Eugenia Capuchetti y el fiscal federal Carlos Rívolo, a quien la magistrada delegó la investigación. "Le solicitamos a la jueza (ya que esta medida es de exclusivo resorte jurisdiccional)" que "proceda al inmediato secuestro del celular del diputado nacional Gerardo Milman", pidió la querella.
De manera subsidiaria, pide "que solicite, de modo inmediato, autorización a la Cámara de Diputados para proceder al secuestro del celular" del diputado Milman, si es que lo considera necesario. La querella aclaró que Milman como legislador tiene inmunidad de arresto "pero en ningún caso de proceso".
"Una vez secuestrado el dispositivo, requerimos que se practique una amplia pericia con el fin de identificar cualquier vinculación de Milman con los hechos objeto de este proceso", agregaron El legislador "solo podría ser convocado a prestar declaración indagatoria, y no testimonial", advirtió la querella y por eso consideró que "solo debe llamarse a Milman cuando esté más clara la plataforma fáctica que lo rodea. Por eso, la próxima medida a seguir debe ser el secuestro de su celular".
En el mismo escrito, se pidió a la fiscalía que disponga otras medidas de prueba vinculadas a la "pista Milman", entre ellas un pedido de informes sobre "todas las líneas telefónicas" de Milman, sus asesoras Carolina Gómez Mónaco e Ivana Bohdziewicz y otras dos personas, Hernán Carrol y María Alejandra Mroue.
Luego, reclamaron un entrecruzamiento telefónico entre los mencionados y los detenidos por el intento de homicidio Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Gabriel Carrizo, con un estudio de geolocalización de celulares, desde abril último a la actualidad.
Desde abril, "Uliarte comenzó a tener mensajes vinculados con el atentado, y en mayo fue cuando Mroue conoció a Gómez Mónaco y comenzaron a hablar para asociarse en un supuesto emprendimiento comercial", contextualizaron. "Este momento es, a su vez, coincidente con el inicio de la incitación, por parte de Revolución Federal, a la violencia contra Cristina Fernández", remarcaron.
También se pidieron a la fiscalía medidas de prueba sobre Hernán Carrol y Fernando Villares, este último ex jefe de gabinete de Milman en el Ministerio de Seguridad de la Nación donde también trabajó Gómez Mónaco. "De Carrol, lo último que supimos es que borró su celular el día antes de “ponerlo a disposición”. Cabe recordar que Carrol tiene fotos con Milman y su jefa, Patricia Bullrich, y que tuvo contacto directo con Uliarte y Sabag Montiel", remarcó la querella.
Sabag Montiel, autor material del intento de homicidio, envió una carta a Capuchetti en la que mencionaba la posibilidad de que Carrol, le designara un abogado defensor particular. Carrol se presentó como precandidato a concejal por el partido bonaerense de La Matanza por el partido Avanza Libertad en 2021. En el escrito se criticó con dureza a Capuchetti, quien con "un criterio nunca antes visto" delegó la investigación en la fiscalía y mantuvo esa decisión tras ser confirmada en la causa.
"Para sorpresa de todos, el abandono de la instrucción por parte del juzgado se dio casi tres meses después del atentado contra la Vicepresidenta, y con procesamientos confirmados", consideraron los abogados en lo que calificaron de "claudicación investigativa". Esta "claudicación investigativa es la confesión, o bien de que la dirección de la instrucción superaba ampliamente la capacidad de la jueza, o bien de que su compromiso absoluto es no investigar a personas vinculadas con Juntos por el Cambio", advirtieron.
Fuente: Agencia Télam
