El operativo de distribución de los alimentos comprados por el gobierno anterior y almacenados en dos depósitos, que encaró hoy el Ministerio de Capital Humano, no cuenta con el aval del Poder Judicial.
Así lo revelaron fuentes judiciales que precisaron que la cartera a cargo de Sandra Pettovello incumplió con el plazo que le asignó el juez Sebastián Casanello para informar cómo se distribuirían los alimentos.
La situación ya fue informada por el juzgado a la Cámara Federal, ante la posibilidad de que se esté frente al delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Casanello y la fiscal Paloma Ochoa investigan, justamente, el presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público por la omisión de distribuir los alimentos, antes de que se conociera la decisión de Capital Humano de distribuirla, adoptada en la víspera.
El juez Casanello dispuso el lunes pasado una medida precautoria mediante la cual ordenó la distribución de los alimentos destinados a comedores sociales y otorgó un plazo de 72 horas para que la cartera diseñara e informara un plan para el reparto.
Sin embargo, vencido el plazo, los funcionarios de Pettovello no presentaron plan alguno de distribución, independientemente de que iniciaron un operativo para hacerlo.
En el marco de una causa por presunto incumplimiento, el no acatar una orden judicial implica una suerte de doble comisión del delito.
El gobierno apeló el fallo de Casanello y el juez concedió el recurso, pero ello no suspendió los plazos que le había otorgado.
