Este lunes, el Gobierno Nacional desreguló los servicios del Transporte Automotor de Pasajeros por carretera de media y larga distancia, mediante la creación de un registro nacional público, online y gratuito, con la intención de reducir los costos.
El objetivo de la medida, que se rubricó mediante el Decreto 883/2024 en el Boletín Oficial, es generar beneficios para todos los partícipes del sector, para el libre establecimiento de recorridos, horarios, precios y duración de los servicios por parte de los transportistas.
La nueva norma, por la cual se da origen al Registro Nacional del Transporte Interjurisdiccional de Pasajeros por Automotor, reemplaza a la actual -que tiene más de 30 años de antigüedad- y es impulsada por la secretaría perteneciente al Ministerio de Economía, junto con la cartera de Desregulación y Transformación del Estado.
"El Registro dispondrá de una plataforma digital con el fin de garantizar el adecuado mantenimiento e incorporación de información relativa a las altas, bajas o modificaciones de la información existente", dispuso el Ejecutivo.
La conformación del nuevo ente busca ofrecer una mejor comodidad del usuario, el ahorro de tiempo en la gestión de trámites burocráticos y una mayor transparencia. Cabe aclarar que las empresas y transportistas que ya estaban registradas, no deberán hacerlo nuevamente.
Por su parte, las nuevas, que sí lo deberán hacer, una vez inscriptas, obtendrán de manera automática la habilitación para operar luego de cinco días, aplicando el nuevo método de "Silencio Positivo", ya implementado en otros casos por el ministerio de Desregulación.
A su vez, deberán informar la capacidad de transporte, cantidad y tipo de vehículos y asientos, seguros contratados, la nómina de conductores a asignar y la información correspondiente a las licencias de conducir de los mismos, la periodicidad de los servicios declarados, origen, paradas intermedias y destinos finales.
Con esta nueva decisión el Ejecutivo nacional busca terminar con trabas que considera innecesarias, para garantizar así una mayor liberalización en las condiciones de prestación del servicio y agilizar los tiempos administrativos, con el fin de permitir la incorporación de nuevos actores al sector.
En tanto, no se podrán ofrecer al público servicios que no se encuentren informados en el nuevo Registro Nacional. La autoridad de aplicación será la secretaría de Transporte y comenzará a implementarse en 60 días, cuando se realicen las actualizaciones tecnológicas necesarias.
Según las autoridades libertarias, este cambio les permitirá a los usuarios gozar, a partir de ese incremento de la competencia, de una mayor oferta en el transporte terrestre.
Fuente: El Canciller
