La Provincia detectó irregularidades en el 25 por ciento de comedores sociales y merenderos de Santa Fe, tras auditar el 50 por ciento del total. Todavía resta verificar la situación de la otra mitad. Se trata de los convenios firmados durante la gestión gubernamental anterior.
En los casos con irregularidades “nos encontramos siempre con la misma situación”, dijo Sergio Basile, secretario de Desarrollo Territorial del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano de Santa Fe. “No están los comedores, no está el titular, no están al día, o cambian las direcciones”, enumeró. En consecuencia, en cada caso “se suspenden las partidas, se convocan a las instituciones y, si no se ordenan, se dan de baja”, explicó en diálogo con El Litoral. “Y en los casos que amerite, hemos hecho presentaciones judiciales”.
La auditoría revista las tres líneas de asistencia social vigentes que otorga el gobierno provincial: la denominada Tarjeta Institucional, el Programa Social Nutricional (PROSONU) y la Tarjeta Única de Ciudadanía. “La mayoría de las irregularidades fueron detectadas en los dos primeros programas de asistencia”, dijo Basile, y “también la mayoría de los casos son en Rosario o San Lorenzo, es decir, en el sur provincial; aunque también detectamos algunos casos en la ciudad de Santa Fe”.
“Encontramos lugares donde no había nada, donde no existía la institución que figuraba en los papeles”, detalló el funcionario, quien agregó luego que por ese motivo “dimos curso a esas denuncias”, mientras que en otros casos “había rendiciones que no se hicieron durante meses”.
800 convenios
“Son más de 800 las instituciones conveniadas, de las cuales relevamos 400 y más de 180 fueron suspendidas porque se detectaron irregularidades”, puso en cifras el funcionario. También destacó que “a partir de la auditoría” ven “mes a mes a dónde está la mayor demanda de la gente”. En ese sentido, Basile destacó que reforzaron los montos de asistencia en un 80 por ciento al inicio de la gestión y otro 25 por ciento en mayo. De esta forma, el gobierno asiste a diario a unas 325 mil personas en materia nutricional en toda la provincia.
“Implementamos un control de eficiencia para que la ayuda llegue a quien realmente la necesita”, había dicho la ministra de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda, en febrero pasado, cuando se dieron a conocer las primeras denuncias. Luego devino la escalada inflacionaria que impactó duro en el rubro alimentos. Por ese motivo, “es real que cada día hay más demanda y el gobierno de la provincia hace todo con inversión propia porque no llegan recursos nacionales”, finalizó Basile.
A nivel país
Cabe mencionar que a nivel nacional, el gobierno de Javier Milei viene realizando una auditoría similar en el Estado, cuyo resultado arrojó que “el 50 por ciento de los comedores registrados eran inexistentes”, según el informe del RENACOM (Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios de Organizaciones de la Sociedad Civil), ordenado por el Ministerio de Capital Humano. Por este motivo hubo allanamientos y denuncia de extorsiones. Dicha línea de ayuda se realiza a través del denominado “Plan Nacional Argentina contra el Hambre”, creado en 2020 para garantizar el acceso a alimentos y servicios para merenderos y comedores comunitarios.
Con información de El Litoral
