A través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 280/2024, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, el gobierno nacional efectuó modificaciones e introdujo disposiciones complementarias al presupuesto del 2023 prorrogado por la administración de Javier Milei para el año en curso.
Entre los alcances de este DNU, se destaca la eliminación del Fondo de Compensación al Transporte Público del Interior y los anticipos que la Anses realiza a las provincias que no transfirieron sus cajas previsionales al Estado nacional. En rigor, la norma implica un desfinanciamiento notable a provincias como Santa Fe, que ven afectado críticamente tanto el servicio de transporte del que dependen día a día millones de personas para movilizarse como el sistema previsional provincial del que depende la actualización de haberes de miles de jubilados santafesinos.
El DNU 280 señala que los artículos 81, 92, 93 y 94 de la ley 27.701 de presupuesto 2023 no entran en la prórroga del actual ejercicio. El 81 establecía un piso de 85 mil millones de pesos para subsidiar el precio del boleto de colectivo en el interior del país. Así, de esta manera, la Nación formalizó que deja de asistir económicamente a las provincias en conceptos de transporte, delegando esa responsabilidad en manos de los gobiernos provinciales y municipales.
En la ciudad de Santa Fe y Rosario, las dos principales urbes provinciales, los pasajeros de colectivos sufrieron dos subas del boleto en lo que va del año. En enero, pasó de $220 a 340; en febrero, aumentó a 700 pesos. Sendos intendentes, Juan Pablo Poletti y Pablo Javkin, elevaron en reiteradas oportunidades el reclamo de la “marcada disparidad” en el esquema de subsidios que existe entre el Área Metropolitana de Buenos Aires y el resto del país.
Las transferencias de Anses
Por otro lado, el DNU 280 elimina los artículos que establecían que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) transferirá antes del día 20 de cada mes a aquellas provincias que no transfirieron sus regímenes previsionales al Estado nacional, en concepto de anticipo a cuenta del resultado definitivo del déficit correspondiente a cada sistema previsional, un importe equivalente a una doceava parte del monto total del último déficit anual, provisorio o definitivo, conformado para cada una de ellas.
Esta medida afecta a Santa Fe y a otras 12 provincias como Buenos Aires, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Corrientes. Se trata de los estados subnacionales que, entre 1994 y 1997, no transfirieron a la Anses sus cajas previsionales de empleados públicos, continuando con regímenes propios y acordando con Nación compensaciones de eventuales asimetrías, de manera de colocar a todas en pie de igualdad en materia previsional.
El anterior gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, presentó en diciembre del año pasado, sobre el cierre de su gestión, una demanda ante la Corte Suprema contra la Anses reclamando una deuda por 93 mil millones de pesos. También la provincia de Córdoba había recurrido a la Corte por una situación similar, en su caso demandando a la Nación por la falta de pago de las cuotas mensuales y la ausencia de las actualizaciones dispuestas por la norma nacional.
Sin embargo, ya bajo el gobierno de Maximiliano Pullaro, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social informó en febrero que la deuda de Anses para con la Caja de Jubilaciones de la provincia asciende a 400 mil millones de pesos, de acuerdo a lo transmitido ante la Comisión de Asuntos Laborales, Gremiales y de Previsión de la Cámara de Diputados de Santa Fe. Este monto, a valores actualizados, rondaría los 600 mil millones de pesos.
Si bien las demoras de financiación marcaron el tramo final de la anterior gestión de gobierno nacional, con Sergio Massa a cargo de la cartera económica, desde este enero la administración de Javier Milei con Luis Caputo a cargo de Hacienda la Nación dejó de girar fondos a la Caja de Jubilaciones de Santa Fe, y al resto de las 12 provincias. Ahora, el DNU formalizó el recorte y profundiza el desbalance tanto del sistema previsional como del transporte provincial.
Cuestionamientos de Santa Fe
La decisión del presidente Javier Milei generó la inmediata reacción del secretario de Seguridad Social de Santa Fe, Jorge Boasso, quien cuestionó la determinación, que ya se venía ejecutando desde enero pasado y que pone en un punto crítico a la Caja de Jubilaciones provincial.
En diálogo con El Litoral, Boasso consideró que el DNU "es otro golpe del presidente al federalismo" y señaló el contrasentido de que el presidente Milei convoque al consenso a los gobernadores a la vez que por decreto elimina fondos por ley (no discrecionales) a las provincias. El titular del sistema de la seguridad social santafesina destacó que la Nación le debe a Santa Fe alrededor de 700 mil millones de pesos. "Imagínense los santafesinos las obras que se podrían encarar con ese dinero", propuso.
"En un momento en el que el propio presidente está convocando a gobernadores para intentar buscar consenso en la aprobación de leyes que propone la presidencia, sacar este decreto 280 la verdad que me parece más que un golpe artero", manifestó Boasso.
Además, el funcionario provincial recordó una nota del diario El Litoral en la que destacó la necesidad de encarar una reingeniería del sistema previsional. "Actualmente son 130 cajas o sistemas o regímenes los que existen hoy en la República Argentina. No cabe ninguna duda que hay que afrontar las modificaciones respectivas para que estos seguros sociales contributivos sean sustentables y sostenibles", advirtió.
Consultado por el impacto que genera esta decisión en una caja que ya tiene un déficit millonario, Boasso sostuvo que "sin dudas que impacta en buena medida", y señaló que los pasos a seguir se "tendrá que discutir en los niveles que corresponden, ministros y gobernadores; la semana que viene empezaremos las reuniones para abordar los caminos a seguir".
Con información de El Litoral
