El Gobierno reglamentará el arancelamiento para las y los extranjeros estudiantes no residentes que asistan a las universidades públicas.
La desición surge en medio del conflicto presupuestario, luego del veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario -que garantizaba los fondos para las casas de altos estudios- y tras la multitudinaria Marcha Federal Universitaria.
La medida, que sería oficializada en las próximas horas a través del Ministro de Desregulación y Transformación del Estado al mando de Federico Sturzenegger, modificaría la Ley de Educación Superior para que cada universidad pública pueda cobrar a extranjeros por estudiar. Hasta el momento, la posibilidad de arancelar las casas de altos estudios está prohibida en el país.
La iniciativa, estaba contenida en la primera versión de la Ley Bases y proponía cambios en la enseñanza obligatoria y superior, diseñadas por las carteras de Educación y de Modernización del Estado.
Una de las modificaciones que planteaba la normativa era la implementación de aranceles para todas y todos aquellos extranjeros que, sin residencia ni radicación, quieran estudiar alguna carrera de estudio superior (universitarios y terciarios).
La propuesta abarcaba a las instituciones de "educación superior de gestión estatal" y a universidades nacionales, y dejaba afuera del arancelamiento a los argentinos nativos y a los extranjeros con residencia en el país. Además, modificaba los criterios para distribuir los recursos presupuestarios en relación a la cantidad de alumnos que asisten a las universidades y sus egresos.
Los cambios que propone el Ejecutivo serían presentados en un proyecto de ley que, eventualmente, debería aprobar el Congreso para que sea efectivizado, dado que actualmente el cobro de un arancel está prohibido por Ley Nº 24.521: "Los estudios de grado en las instituciones de educación superior de gestión estatal son gratuitos e implican la prohibición de establecer sobre ellos cualquier tipo de gravamen, tasa, impuesto, arancel, o tarifa directos o indirectos".
El Gobierno ultima detalles de un proyecto de reforma educativa
El proyecto de reforma del sistema educativo en el que trabajan las carteras de Educación y Modernización, propone tambieén establecer un examen al finalizar la educación secundaria, con el objetivo de fortalecer la política de evaluación Aprender, además, prevé evaluaciones a docentes "en un período no mayor a 4 años", mientras que aquellos profesionales que ingresen a la docencia deberán completar un ciclo pedagógico.
En el caso de las universidades públicas habilitaría las "evaluaciones externas" dentro de los primeros 6 años "a partir de la normalización", y desde el "reconocimiento provisorio" en el caso de las instituciones privadas, con la posibilidad de repetirse el proceso cada 10 años.
