El Gobierno busca recomponer el diálogo con las universidades y retomar la iniciativa con el plan de alfabetización

El próximo martes 30 de abril volverán a verse las caras los funcionarios del Gobierno nacional y las autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que nuclea a los rectores de las universidades públicas. Será el primer encuentro tras la Marcha Federal Universitaria, que movilizó cientos de miles de personas –los organizadores estimaron un millón– en las principales ciudades de todo el país, con epicentro en la Plaza de Mayo y sus alrededores.

La reunión fue convocada desde la Secretaría de Educación y, a diferencia de los encuentros anteriores, esta vez participará la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, cuya presencia habían pidiendo los rectores. También estará Carlos Torrendell, secretario de Educación. Desde la Secretaría no confirmaron ni desmintieron la presencia del subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, quien quedó en el ojo de la tormenta por su tono abiertamente confrontativo con las universidades, tanto en las redes sociales como en el último plenario de rectores en la UNSAM.

Fuentes de la Secretaría de Educación aseguraron que quieren darle “previsibilidad” al financiamiento de la educación superior, tal como lo vienen reclamando los rectores de las 58 universidades nacionales. También confirmaron que en mayo habrá un aumento del 70% en los gastos de funcionamiento (que representan alrededor del 10% del presupuesto universitario, dado que el 90% va a salarios), y prometieron que sostendrán el financiamiento de los hospitales universitarios.

A la vez, reconocieron que los salarios de docentes y no docentes están atrasados con respecto a la inflación –desde la UBA estiman una pérdida del 35% desde diciembre de 2023– y también se encuentran 15 puntos por debajo de la evolución del salario de los empleados estatales. Las paritarias con los gremios universitarios se realizan todos los meses pero sin llegar a acuerdos.

Con los sueldos docentes y no docentes congelados en diciembre y enero –meses en los que la inflación alcanzó niveles récord–, hubo un 16% de aumento en febrero (de los cuales un 10% correspondía a la paritaria de 2023) y un 12% en marzo. En abril, el Frente Sindical de Universidades (FSU) rechazó la propuesta de 8% de aumento, en la misma semana en que se conocieron elevados incrementos salariales con fondos públicos para funcionarios del Poder Ejecutivo y en la Cámara de Senadores.

Desde la Secretaría de Educación confirmaron, en línea con lo que ha afirmado públicamente Torrendell desde el inicio de su gestión, la voluntad de reconstruir la confianza con las universidades. En ese sentido, no se mostraron demasiado entusiasmados con iniciativas como la creación de una cuenta oficial de correo electrónico para que los estudiantes denuncien a sus docentes por “adoctrinamiento”, tal como lo promovía el subsecretario Álvarez. Sin embargo, subrayaron que las diferencias entre Torrendell y Álvarez son más de formas que de fondo.

Este jueves, el CIN emitió un comunicado en el que cuestionó al secretario Torrendell por haber participado de una entrevista con LN+ en la que se difundieron informes periodísticos que exponían supuestas irregularidades en el manejo de fondos en algunas universidades. “En lugar de buscar respuestas a un problema de financiamiento acuciante que las autoridades nacionales saben que es real y existe, pareciera perseguirse el objetivo de desinformar para confundir y desprestigiar nuestras instituciones para, así, justificar su desfinanciamiento”, señalaron los rectores.

Desde la Secretaría de Educación enfatizaron que las afirmaciones cuestionadas en el comunicado fueron dichas por los periodistas y no por el funcionario, y ratificaron la voluntad de retomar el diálogo. También el CIN confirmó el jueves su “vocación de construir siempre los consensos que permitan resolver (los problemas), pero sobre la base del respeto, el diálogo y el reconocimiento de la diversidad y la pluralidad de ideas, bases de la convivencia en una sociedad democrática”.

En el Palacio Pizzurno reconocen el impacto de la Marcha Federal Universitaria, aunque cuestionan algunas acciones de la Universidad de Buenos Aires (UBA), como haber apagado las luces en los pasillos y halls en algunas facultades y haber restringido el uso de ascensores cuando, según el Gobierno, “ninguna universidad se iba a quedar sin poder pagar la luz”.

Desde el CIN también le recordaron al Gobierno la magnitud de la movilización: “El mensaje de la sociedad argentina ha sido contundente. A lo largo y a lo ancho del país nos indicó que debemos cuidar la educación y la universidad pública, constitutivas de la identidad nacional y herramientas que el país necesita para solucionar todos sus problemas estructurales”.

Entre el Gobierno y las universidades no hay acuerdo con respecto a la magnitud del ajuste que enfrenta el sistema. Mientras algunos economistas y organizaciones como ACIJ han advertido que el sistema educativo –incluyendo el universitario– está sufriendo un ajuste proporcionalmente mayor al recorte en el gasto público total, desde la Secretaría afirmaron desconocer si eso es cierto.

Tampoco hay acuerdo sobre la comparación entre lo que está pasando este año y lo sucedido en 2023. Desde el Gobierno aseguran que los gastos de funcionamiento de las universidades habían estado congelados el año pasado sin que las universidades se quejaran. En su reciente aparición televisiva, Torrendell sostuvo que el presupuesto universitario de 2023 “tenía previstos 750.000 millones y finalmente se ejecutaron 1,38 billones: un aumento de 82% entre el presupuesto y el ejecutado. Pero la inflación fue de 211%”.

El secretario planteó que “hubo un recorte de 120 puntos porcentuales el año pasado”. Y agregó: “Si solo continuáramos con el nivel de gasto actual, si se congelaran todos los salarios y gastos de funcionamiento –cosa que no puede pasar–, igualmente ya estaríamos gastando el 81%, 82% como el año pasado”. Fuentes del CIN y de la UBA cuestionaron estas cifras y recordaron que, a diferencia de lo sucedido este año, para 2023 se había aprobado la Ley de Presupuesto, que reconocía la inflación del año anterior.

Desde el CIN dijeron que en 2023 “se ejecutó mucho más que 1,38 billones porque la pauta salarial del año pasado sola (sin gastos de funcionamiento) fue acompañando la inflación”, y aseguraron que esas ampliaciones “quedaban imputadas en otras fuentes del presupuesto”.

A diferencia de los encuentros anteriores, en la reunión de este martes con las universidades participarán Pettovello y Torrendell. Desde la Secretaría no confirmaron ni desmintieron la presencia del subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez.

Por otra parte, desde la UBA dijeron que la ejecución acumulada anual de $1,38 billones de pesos “contiene partidas de diferentes meses del año y constituye un error metodológico suponer que deberían actualizarse todas por la inflación acumulada de todo el período. En este sentido, si la inflación anual del año 2023 fue del 211%, tal como ocurrió, para mantener el valor real del presupuesto debería aumentarse en ese porcentaje el presupuesto asignado para el año siguiente, tal como lo venimos planteando las universidades”.

También marcaron la diferencia con respecto a la evolución del salario de docentes y no docentes entre 2023 y 2024: “Respecto de lo salarial, el INDEC informó que la inflación acumulaba de enero a octubre 2023 el 120% (dato publicado en noviembre), mientras que en el mes de noviembre los gremios firmaron un acta paritaria nueva que acumulaba una actualización del 135,6%. La foto anual de 2023 posiciona los acuerdos salariales por encima de la inflación acumulada”.

Con respecto a los gastos de funcionamiento, desde la UBA explicaron que en 2023 hubo una actualización presupuestaria que contempló la inflación del año anterior. “En términos operativos, esa partida aprobada de gastos de funcionamiento el Ministerio de Educación la divide en 12 cuotas mensuales iguales. Por eso, con el presupuesto en su conjunto ya actualizado, los gastos efectivamente se mantienen sin variación nominal a lo largo del año”, señalaron. Sin embargo, aclararon que en noviembre y diciembre hubo reajustes en la transferencia de gastos de funcionamiento, luego de que la inflación se disparara a partir de agosto. “Pero el actual Gobierno no consideró esas transferencias y volvió a tomar como base el presupuesto de enero 2023″, dijeron.

“Frente a la alta inflación del año pasado, en 2023 las universidades comenzaron a solicitar la recomposición de las partidas de gastos de funcionamiento al Ministerio. La UBA lo hizo formalmente desde julio. En 2023 el Gobierno hizo una nueva recomposición (sumada a la anual incluida en la ley de presupuesto), para los meses de noviembre y diciembre, que el nuevo gobierno desconoció y no las incluyó en el giro de enero con el presupuesto prorrogado”, dijeron fuentes de la UBA.

En cifras: los giros mensuales de 2022 fueron de $2,9 mil millones. Con una inflación acumulada en 2022 de 94,8%, los giros mensuales de 2023 ascendieron a $5,9 mil millones, señalaron desde la universidad. “Es decir, se actualizó por encima de la inflación. Durante 2023, ese giro mensual se duplicó en noviembre y diciembre, cuando las universidades recibieron $11,8 mil millones mensuales para gastos de funcionamiento. Esto, al realizarse recién al final de la gestión, fue tardío en relación con las necesidades de las universidades, pero existió”, agregaron.

“Dicho esto, la afirmación del secretario resulta absolutamente incorrecta, buscando de alguna manera generar nuevamente una desinformación que provoque una confusión respecto de la crítica situación presupuestaria de las universidades. Máxime en un contexto donde la inflación de solo los últimos meses ya creció por encima del 100%, mientras no se ha logrado un solo acuerdo con los gremios docentes y no docentes por la cuestión salarial y donde, a la fecha, la UBA tiene un recorte real de sus gastos de funcionamiento, ajustado por inflación, de más del 60%”, ratificó la universidad.

Más allá del conflicto universitario, desde la Secretaría de Educación están avanzando con el diseño del plan nacional de alfabetización, una cuestión que plantearon como prioridad desde el comienzo de la gestión. Este lunes 29 de abril se reunirá el Consejo Federal de Educación, que reúne a los funcionarios nacionales y los ministros de Educación de las provincias. Ahí se espera que las jurisdicciones presenten sus planes de alfabetización (algunas, como Mendoza y Corrientes, ya venían trabajando con sus propias iniciativas). Los avances llegarán unos días después del relanzamiento de la Campaña Nacional por la Alfabetización, una iniciativa impulsada por Argentinos por la Educación junto con 180 ONG, que desde el jueves logró alta visibilidad en medios y redes.

Desde la Secretaría explicaron que cada provincia diseñó sus planes previendo libertad en los métodos de alfabetización y que en esta etapa inicial las estrategias se enfocarán en los chicos de 0 a 8 años. En un marco de recortes de varios programas y fondos nacionales para el sistema educativo, también aseguraron que habrá financiamiento para esta política, incluyendo libros y recursos digitales. Según informaron, destinarán a los planes de alfabetización los fondos que el Estado nacional utilizaba para distribuir libros en las escuelas de todo el país: unos 77.000 millones de pesos. Son los fondos del programa Libros para Aprender, eliminado luego de que este año el Ministerio de Capital Humano decidiera cancelar la compra y distribución de libros escolares.

Desde la Secretaría explicaron que la evaluación será un componente central del plan de alfabetización, tanto para trazar un diagnóstico inicial de la situación de cada provincia, como para monitorear los avances y proveer a las escuelas de información que les sirva para orientar sus propuestas de enseñanza. En septiembre u octubre de este año está previsto que se tome una prueba Aprender en tercer grado, para contar con un diagnóstico al final del primer ciclo de primaria. Desde la Secretaría explicaron que apuntan a que las provincias implementen evaluaciones propias en primer o segundo grado, para contar más temprano con indicadores de progreso.

También afirmaron que, pese a los recortes, están asegurados los fondos nacionales para evaluación y para garantizar la quinta hora de clase en las escuelas primarias estatales de jornada simple de las provincias que quieran sostener el programa. En tanto, desde el Ministerio de Capital Humano no pudieron confirmar quién será el responsable nacional de la formación docente, otra área crítica de la política educativa: el Instituto Nacional de Formación Docente (INFoD) sigue acéfalo, tras cuatro meses y medio de gestión.

Con respecto al salario mínimo docente –la “paritaria nacional”–, la negociación permanece en un cuarto intermedio, sin fecha de reunión a la vista. Hoy el salario mínimo docente sigue en $250.000, el mismo valor que en diciembre de 2023, luego de que los gremios rechazaran la propuesta oficial de elevarlo a $325.000 en marzo por considerarla insuficiente.

Desde la Secretaría informaron que sigue vigente el Fondo de Compensación Salarial (para aquellas provincias que no alcanzan el piso mínimo), y que este viernes se depositaron los montos pendientes de 2023 para las provincias de Chubut, Santiago del Estero, La Rioja, Catamarca, Corrientes y Misiones. También dijeron que se están pagando los montos pendientes de 2023 del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), pero no hay perspectiva de que se lo restituya en 2024, a menos que se apruebe alguno de los proyectos de ley que pretenden institucionalizarlo.

Sobre los próximos pasos de la política educativa nacional, también anticiparon que, pasado el debate de la nueva Ley Bases, prevén retomar en una nueva ley específica de educación el capítulo educativo de la Ley Ómnibus original. En otras palabras, el Gobierno nacional mantiene en agenda la implementación de un examen obligatorio al terminar la escuela secundaria, la posibilidad del arancelamiento de las universidades públicas para estudiantes extranjeros y una mayor evaluación de los docentes.

Confirmaron que está descartado habilitar el homeschooling en primaria, pero agregaron que a las reformas planteadas en diciembre se sumaría la declaración de la educación como servicio esencial y algún artículo referido a “garantizar una educación libre de proselitismo y adoctrinamiento”, inspirado en el artículo 33 de la Ley de Educación Superior, que “vela por la pluralidad de ideas en los procesos de enseñanza”.