La iniciativa del Gobierno nacional que busca cobrar aranceles a los estudiantes extranjeros no residentes en el país para ir a la universidad pública, suscita cuestionamientos, principalmente, a partir de que se desconocen los pormenores del proyecto. Como premisa, en las universidades nacionales con asiento en Santa Fe adelantaron que la cantidad de alumnos de otros países es mínima si se considera el conjunto de la matrícula.
En la Universidad Nacional del Litoral (UNL) estaban buscando los números finos aunque, por el momento, hicieron esa advertencia sobre la baja incidencia. Cada semestre sí llegan a esta casa de estudios santafesina estudiantes "de intercambio" en convenio con programas universitarios internacionales, pero es otra situación. Ahora hay 77 de distintas partes del mundo y culminada la experiencia de unos meses, vuelven a sus respectivos países.
En tanto, en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Facultad Regional Santa Fe hay 19 extranjeros -incluyendo los de posgrados-, los que representan el 0,54% del total de la matrícula. Aclararon que entre ellos, seguramente hay algunos que ya son residentes del país.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, informó este martes en su habitual conferencia de prensa que el Gobierno nacional dispondrá "el fin de la gratuidad a los extranjeros" en el sistema de salud pública y en las universidades. Lo presentó como "modificaciones del régimen migratorio", y se va a disponer que "universidades nacionales puedan cobrar aranceles a los estudiantes extranjeros no residentes".
Cabe destacar que en el caso del sistema universitario, requerirá -además de reformas en el régimen migratorio-, un cambio en el artículo 2 bis de la Ley de Estudios Superiores, que prohíbe que los estudios de grado en instituciones de educación superior de gestión estatal tengan cualquier tipo de gravamen, tasa, impuesto, arancel o tarifa, directos o indirectos.
Dudas y "muy baja" incidencia
Sobre las implicancias de esta iniciativa, Irene Steinmann, secretaria Académica de la UTN Santa Fe, remarcó a El Litoral que "con relación a nuestra matrícula, la presencia de estudiantes extranjeros no es algo significativo. Son de muy baja incidencia en los números".
"Según tengo entendido, el proyecto supone una habilitación a las unidades académicas, a las facultades y universidades, a cobrar un arancel a los extranjeros pero no implica una obligatoriedad, lo cual me parecería lógico que sea así", planteó. Y agregó: "Creo que hay que analizarlo de acuerdo a la situación de cada universidad porque las realidades son muy diversas en distintas carreras y según las casas de estudio; también de acuerdo a su ubicación".
De acuerdo a La Nación Data, solo un 4% de los alumnos en universidades públicas son extranjeros, y ese porcentaje es notablemente mayor en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y la Universidad Nacional de La Plata donde representan un 11% y un 10% del alumnado, respectivamente. En estas dos instituciones se concentra más de la mitad de los alumnos extranjeros de la Argentina.
Asimismo, la secretaria Académica indicó que "hay que considerar la diferencia existente entre los estudiantes de grado con los de posgrados, en relación a la reglamentación y al arancelamiento".
Steinmann dijo, además, que en la facultad es necesario presentar el DNI argentino -por lo que no entrarían en la categoría de estudiantes "no residentes"-, o bien presentar cada tres meses la habilitación temporaria para residir en el país. "Hay que ver qué pasa con los estudiantes que hayan tramitado la residencia y que no serían considerados dentro de esta disposición", indicó, como dudas que surgen del anuncio.
Primeras repercusiones
Por el momento, con los escasos datos existentes, comienzan a escucharse algunas voces con posturas con relación al tema. El titular del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Víctor Moriñigo, dijo al diario La Nación que "siguen sin entender que todo extranjero que se inscribe en una universidad pública lo hace con DNI argentino en mano. Por lo tanto, imagino que el Gobierno va a tener que modificar las leyes migratorias".
Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) fue uno de los más críticos de esta decisión, al indicar que se trata de una iniciativa "más política desde una mirada ideológica que económica, ya que resulta insustancial para resolver el financiamiento educativo". E indicó que en esa universidad afectaría a poco menos del 1% del estudiantado.
Además, aclaró que "es impreciso" así como está planteado. "Las universidades estamos siempre dispuestas a discutir todo, pero hay que hacerlo con seriedad y precisión. Si el Gobierno tiene vocación de discutirlo tiene que formalizarlo a través de un proyecto. Para hacerlo se requiere al menos modificar dos leyes vigentes", adujo.
