Según la letra chica del nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el cual implicará un desembolso total de USD 20.000 millones, el Gobierno se comprometió a reducir los subsidios en las tarifas de luz y a eliminar, casi por completo, los fondos fiduciarios. Además, está analizando los próximos pasos para llevar a cabo una reforma previsional.
En relación al esquema tarifario, el plan del Ejecutivo es avanzar de forma gradual en la aplicación del nuevo régimen, que tendrá como objetivo excluir a 3,2 millones de usuarios de los beneficios que actualmente reciben.
Según el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE), existen 16.375.270 de hogares con electricidad en todo el país. De ellos, el 42% son usuarios de ingresos altos (Nivel 1) y pagan la tarifa plena, mientras que un 38,1% son de ingresos bajos (Nivel 2) y un 19,6% de ingresos medios (Nivel 3).
En total, son 9,5 millones los hogares que perciben un descuento en sus respectivas boletas. El proyecto del oficialismo es presentar un nuevo plan para antes de fin de año, que implique la quita del subsidio, sobre todo a los sectores de clase media. En relación a las residencias con bajos ingresos, solo serán removidas aquellas que no se encuentren registradas formalmente.
Conforme a un informe de la consultora Economía y Energía, la administración libertaria avanzó en el recorte de subsidios desde el inicio de su gestión. Durante 2024 se destinaron a ese concepto USD 6.252 millones, un 35% menos en comparación con 2023. Además, entre enero y marzo de 2025 la cifra fue de USD 370 millones, lo que representa una disminución del 44% en relación al mismo período del año pasado.
Por otro lado, Javier Milei, junto al ministerio de Economía liderado por Luis Caputo, acordó la eliminación de todos los fondos fiduciarios o fideicomisos públicos, a excepción del "Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas", el cual está protegido por el Régimen de Zona Fría, establecido en la Ley Bases y que implica el financiamiento de cuadros tarifarios para las regiones Patagónica, Puna y Malargüe.
De las 29 entidades oficiales registradas a inicios de 2024, el Gobierno ya descartó 21 en lo que va de su gestión, según la información de la jefatura de Gabinete del Congreso. Los próximos a desarmar son el de Integración Socio Urbana (FISU) y el de Promoción Científica y Tecnológica (Fondotec).
A su vez, el Ejecutivo se encuentra en una etapa de análisis para avanzar en una reforma previsional. De acuerdo a lo manifestado por Guillermo Francos en su informe de gestión ante el Congreso, el pasado miércoles, el Gobierno está llevando adelante "un diagnóstico exhaustivo".
Según el jefe de Gabinete, se está contemplando "tanto el análisis demográfico y financiero del sistema, como el relevamiento de experiencias internacionales que puedan servir como guía para analizar pasos a seguir".
Fuente: El Canciller
