La trascendencia del acuerdo que el Fondo Monetario Internacional firmó con la Argentina en 2018, renegoció en marzo 2022 bajo un nuevo formato y que todavía sigue recalibrando con las autoridades actuales fue tal que no solo tuvo un impacto en la economía y en la política nacional, sino que el propio funcionamiento y dinámica del organismo se vio alterado, y disparó, en distintos momentos, instancias de evaluación interna y de “autocrítica”. Una de esas instancias está por comenzar en breve, a la luz del fallido acuerdo Stand By original.
El FMI cuenta con una Oficina de Evaluación Independiente (OEI) que hace informes y análisis sobre distintas decisiones del directorio, en un temario amplio que incluye las políticas que fueron recomendadas por parte del staff técnico y la actuación general del FMI durante las negociaciones con el país.
La Argentina forma parte de la historia fundacional de la OEI, ya que hizo en 2004 una evaluación exhaustiva de la relación entre el Fondo y la Argentina antes de la crisis de 2001. “(La Oficina) se ha establecido para realizar sistemáticamente evaluaciones objetivas e independientes sobre cuestiones, y sobre la base de criterios, pertinentes para el mandato del Fondo. Su objetivo es servir como un medio para mejorar la cultura de aprendizaje dentro del Fondo, fortalecer su credibilidad externa y respaldar las responsabilidades de supervisión y gobernanza institucional de la Junta Ejecutiva”, explica la OEI en su página web.
En los últimos meses esta oficina tuvo un cambio de autoridades. En octubre de 2022 el economista español Pablo Moreno, que actuaba como es director ejecutivo en el Fondo, representando a la silla que reúne a su país junto con Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y México, tomó el mando de la OEI.
El organismo planteó en distintos documentos, uno de ellos de los últimos días, cuáles serán sus lineamientos de trabajo. Uno de ellos tiene que ver con evaluar, en un ejercicio que aparece periódicamente en el seno del FMI, si funciona o es perfectible el mecanismo de acceso excepcional de fondos en el marco de programas de asistencia financiera.
Esto es, el préstamo de dinero por encima de la cuota que le correspondería a un país según su posición en el FMI, como sucedió en el caso argentino en 2018. No es la primera vez, en lo que va del siglo, que el Fondo se replantea la efectividad de ese tipo de créditos.
Sin ir más lejos, según los datos recopilados por la Oficina de Evaluación Independiente, más de la mitad de los programas financieros que tuvieron estas características fallaron o, como se suele nominar en la jerga del organismo, devinieron off-track (descarrilar).
De 134 programas implementados por el FMI entre 2002 y 2022, 96 tuvieron acceso a fondos “normal” y 38 implicaron desembolsos “excepcionales” en su nivel de cuantía. De esos 38, hay 11 que siguen vigentes, entre ellos el de la Argentina.
Ahora bien, respecto a su efectividad, hay una diferencia clara entre un tipo de programa y otro. De los 138 programas totales, unos 54 descarrilaron. De ese total, 21 fueron acuerdos con acceso excepcional. Así, el 55% de los programas de estas características pueden ser considerados fallidos bajo este criterio, contra 33% de los programas con acceso “normal” a fondos.
Otra categoría que analizó la OEI es la de quickly off-track, es decir, los programas que se salieron del camino con velocidad. Ahí la cuenta es más equilibrada: el 13% de los acuerdos con acceso normal y el 11%, con acceso excepcional.
Según el documento discutido y publicado por la OEI, el trabajo de evaluación “cubrirá el contexto en el que se diseñó el acuerdo, la eficacia con la que el Fondo manejó este caso, con un enfoque especial en la implementación del programa de acceso excepcional, y los resultados del acuerdo para la Argentina”.
En rigor, lo que examinará es el Stand By de 2018, reformateado en 2022 a un Extended Fund Facility (EFF). Por tradición, la OEI no suele evaluar programas que todavía están en negociación.
