Mientras la Justicia investiga las irregularidades detectadas por la AFIP en el pago de más de 250.000 planes Potenciar Trabajo y la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, reconoció el viernes en conferencia de prensa que en los últimos veintiséis meses 82.272 destinatarios de ese programa consumieron 4.498.144 dólares con tarjeta de crédito, y que se vio obligada a dar de baja “a 2.243 beneficiarios, 2.098 que adquirieron dólar ahorro y 145 que realizaron consumos en dólares con tarjeta de crédito; el Congreso aprobó el Presupuesto 2023 que otorga un aumento del 160% en la partida asignada a ese programa que administra el líder del Movimiento Evita, Emilio Pérsico, desde la Secretaría de Economía Social.
La partida presupuestaria aprobada por el parlamento el miércoles, sin la presencia de los senadores del PRO y la UCR, fue de 568.016.896.845 pesos. Si a ese monto se le suman el del resto de los programas que maneja el líder social, la cifra trepa a casi seis mil millones de pesos -exactamente $594.285.915.597– casi la mitad del presupuesto ministerial, que es de algo más de un billón de pesos: $1.169.156.152.175. En este caso, un incremento del 117,2% comparado con el presupuesto anterior.
La incomodidad de los números ilustran el poder que ostenta el líder social dentro de la dirigencia de la economía popular. Pérsico es un militante que demostró con creces su fidelidad al jefe de Estado cada vez que este necesito de su respaldo, por ejemplo, cuando fue atacado por Cristina Kirchner quien, a través de una carta, a fines de octubre de 2020 denunció que en el Gobierno había “funcionarios y funcionarias que no funcionan”.
De todos modos, en las últimas semanas limó asperezas con el kirchnerismo. Por ejemplo, cenó en su casa de Isidro Casanova, en La Matanza, con el diputado nacional y líder de la Cámpora, Máximo Kirchner. Después de ese encuentro, del cual participó su pareja, la senadora bonaerense Patricia Cubría, una delegación del Movimiento Evita participó del acto que el jueves encabezó Cristina Kirchner en el Estadio Único de la Plata.
El 22 de junio pasado la ex mandataria se puso al frente de una ofensiva contra las organizaciones sociales oficialistas. Con una sugestiva frase, exigió que el Estado deje de tercerizar las políticas sociales. “Si Evita los viera, ¡mamita!”. El blanco de las críticas estaban dirigidas a Emilio Pérsico.
“El Estado Nacional debe recuperar el control, la auditoría y la aplicación de las políticas sociales. No pueden seguir tercerizadas. El Estado debe tener el monopolio (de las políticas sociales) así como el Estado tiene el monopolio de la fuerza ¿o se le ocurre a alguien que podemos tercerizar la Policía? No”, afirmó la ex presidenta.
El 3 de agosto, minutos después de jurar como ministro de Economía, Sergio Massa anunció que se realizaría una auditoría sobre los programas sociales. Horas después, hizo lo propio el entonces ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta. Para eso, se capacitó a estudiantes de Universidades Nacionales y, formulario en mano, comenzó el promocionado censo presencial entre los titulares del Potenciar Trabajo que debían cumplir veinte horas de tareas en una Unidad de Gestión, que por lo general son cooperativas de la economía popular que dependen de las propias organizaciones sociales.
La llegada de Victoria Tolosa Paz cambio el rumbo de las cosas. Interrumpió la auditoría anunciada con bombos y platillos porque en poco más de un mes se había censado a solo 35.000 beneficiarios y anunció que obligará a que los beneficiarios de ese programa (1.383.279 personas en total) realicen una “autogestión de validación de identidad” y respondan una encuesta y advirtió que quienes no lo hagan hasta el 5 de enero serán dados de baja de manera automática.
El cambio de metodología fue anunciado después que Infobae diera a conocer el informe de la AFIP, elevado al ministerio de Desarrollo Social, que marcaba incompatibilidades en el cobro del Potenciar Trabajo. Con esos datos en la mano, el fiscal federal Guillermo Marijuán presentó una denuncia en los tribunales de Comodoro Py y que recayó en los despachos del juez federal Julián Ercolini y el fiscal Eduardo Taiano. El informe, que recaló en Desarrollo Social el 24 de octubre pasado y que había sido solicitado por el antecesor de la ex diputada nacional, Juan Zabaleta, aseguraba que 63.211 beneficiarios del Potenciar Trabajo registran gastos o consumos con tarjeta de crédito o débito o billetera mayor a dos veces el importe del salario mínimo vital y móvil, que 52.987 son propietarios de más de un inmueble y que casi 2.800 muertos seguían cobrando el plan social.
Info: INFOBAE.
