El Gobierno y el Fondo Monetario Internacional intensificarán en las próximas horas la negociación técnica que iniciaron hace tres semanas para reformatear el programa vigente y llegar a un acuerdo técnico que le permita al Ministerio de Economía contar con desembolsos anticipados y una recalibración de las metas del acuerdo firmado en marzo del año pasado. En la hoja de ruta que planea el Palacio de Hacienda ese consenso podría alcanzarse la última semana de mayo.
Hace poco más de veinte días el equipo económico regresó de Washington, donde había participado de la reunión de primavera del FMI y el Banco Mundial, con un aval de los altos mandos políticos del Fondo para avanzar en una renegociación integral del acuerdo Extended Fund Facility (EFF) a la luz de que sus metas trimestrales ya asomaban como de imposible cumplimiento por el impacto mucho más elevado de lo esperado de la sequía en las cuentas públicas.
Con una ayudita de los amigos
En términos generales, se suele interpretar que un acuerdo técnico implica, de antemano, algún visto bueno general del directorio. La semana pasada había trascendido, según la agencia internacional Bloomberg, que el gobierno de los Estados Unidos apoyaría la posición argentina, sujeto a que en Buenos Aires y Washington hubiese un apretón de manos primero sobre cómo funcionaría en términos técnicos la recalibración de metas y desembolsos. No hay en lo inmediato un viaje planificado a la capital norteamericana, pero sí esperan en el Ministerio de Economía que el propio Massa se suba al avión cuando las diferencias sean saldadas y solo reste el anuncio oficial.
Uno de los números principales en el tironeo desde ambos lados de la mesa es el impacto final que tiene la sequía en las cuentas públicas, entre el ingreso menor de dólares de exportaciones y la recaudación recortada de retenciones. El número que asoma en el sector privado es de USD 20.000 millones. En el último reporte del staff el FMI concedía menos de un tercio de esa cifra, aunque estaba realizado con proyecciones a fines de enero, y desde ese momento la situación empeoró.
Los más de USD 10.500 millones de desembolsos que eventualmente el Fondo Monetario podría anticipar se tratan, en rigor, de envíos de Derechos Especiales de Giro (DEG) que el Gobierno deberá utilizar a lo largo del año para devolvérselos al propio Fondo, no existe en esa cifra a priori un financiamiento “neto” adicional, y de hecho tampoco llega a cubrir el total de vencimientos que restan en lo que queda de 2023 (restan pagar 8.450 millones de DEG y los desembolsos pendientes suman 8.000 millones).
