La Cámara de Diputados de la Nación fue convocada formalmente para sesionar el próximo mates, a partir de las 11,30, para tratar entre otros temas el proyecto de ley de Boleta Única de Papel que ya se aplica, con variantes, en distintas provincias; entre ellas, Santa Fe.
Con la sanción de esta norma, quedará modificado el Código Electoral Nacional (Ley 19.945), y cambiará el escenario para los comicios intermedios del año próximo cuando se elegirán diputados nacionales en todas las provincias, y senadores en algunas.
Un día antes de la sesión, el lunes a la tarde, está previsto el plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia, y Presupuesto y Hacienda para dictaminar sobre el proyecto que en junio de 2020 tuvo media sanción de la Cámara baja y el último 13 de septiembre pasó, con modificaciones, el examen en el Senado. Por lo que ahora serán los diputados quienes convalidarán ese cambio o ratificarán el proyecto ya aprobado por la Cámara joven.
La discusión gira en torno al formato que adoptará el dictamen que se tratará en el recinto, más específicamente si la BUP incluirá o no un casillero en blanco para marcar el voto a lista completa.
El Senado corrigió la media sanción de Diputados y excluyó el botón de boleta completa, en virtud de un acuerdo del Gobierno con la senadora rionegrina Mónica Silva y el gobernador de esa provincia, Alberto Weretilneck.
El diferendo parecía saldado el miércoles pasado a favor de excluir el casillero de lista completa, que conviene a los intereses de las fuerzas con representación nacional por sobre las agrupaciones provinciales. Pero ante las quejas de los perjudicados se reabrió la instancia de negociación y el m artes, en la votación en particular, la articulación de una mayoría podría perfectamente reponer la versión que había salido originalmente de Diputados, con el casillero de la boleta completa.
En esta hipótesis, Unión por la Patria, la bancada más numerosa con 99 miembros, tendría un rol decisivo en la resolución final del formato de la BUP. Si bien en la votación en general, el bloque presidido por Germán Martínez se inclinará por el rechazo, en la votación en particular podría inclinar la balanza a favor del botón de lista completa.
Una nueva norma contra el crimen organizado
La Cámara de Diputados tratará de aprobar también este martes, en una sesión especial, un proyecto de ley que busca luchar contra el crimen organizado, con el respaldo del oficialismo y de los bloques dialoguistas. Uno de los datos relevantes de esa propuesta es que no solo se van agravar las penas a los delincuentes, sino de cualquier miembro de esa asociación ilícita que cometió ese crimen o atentado.
La Libertad Avanza (LAA) decidió incluir el tratamiento de esta iniciativa tras alcanzar un acuerdo con el PRO, la UCR, y la Coalición Cívica, cuyos principales dirigentes firmaron el pedido para ser tratada el próximo martes. La sesión especial solicitada por el presidente de LLA, Gabriel Bornoroni, debatirá además de la Boleta Única de Papel, los proyectos de lucha contra el crimen organizado, y del programa de regularización de tenencias de armas y de entregada voluntaria de armas.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, envió un paquete de proyectos para combatir el delito, entre los que figuran la baja de la edad de imputabilidad en la cual aún no hay acuerdo, y otra sobre los cambios en el Código Penal para luchar contra el crimen organizado y el narcotráfico. Estas nuevas figuras se aplicarán en delitos que involucren el narcotráfico, lavado de dinero, de personas, tráfico de órganos, tenencia ilegal de armas y explosivos.
Una de las reformas centrales es que se contempla una pena más alta de 8 a 20 años de prisión o reclusión por la mera pertenencia a la asociación ilícita que cometa ese delito. En ese sentido se establece que la pena por el delito más grave que le corresponda a quien cometió el hecho, también se aplicará a todos los miembros de la organización solamente por pertenecer a ella. Se considera que todos son partícipes necesarios para llevar a cabo el acto delictivo final.
La pena máxima que le corresponde al autor se podrá aplicar a cualquier miembro de la organización que "se valiera de la violencia física o de amenazas para el cumplimiento de sus fines"; o si los hechos se produjeran de manera "reiterada y ostensible en beneficio de la organización". Además, se aplicará si los delitos se produjeran para a "para amedrentar a la población en general o a ciertos sectores de la población, o para intimidar a las autoridades ejecutivas, legislativas y judiciales, o a las fuerzas armadas, fuerzas policiales y de seguridad".
También crea la figura de la Zona de Investigación Especial, con el objeto de establecer mecanismos de actuación ágiles para los diversos poderes del Estado, lo que posibilitará una respuesta más rápida y efectiva en el marco de la actuación operativa y de investigación. En ese contexto, cuando se declara la necesidad de una investigación especial, las fuerzas policiales y de seguridad federales, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrán detener a una persona por 48 horas para averiguación por la comisión de determinados delitos.
En caso de una investigación por una cantidad de delitos por tratarse de delincuencia transnacional la detención podrá tener hasta 15 días, con la posibilidad de que sea prorrogada con la autorización judicial correspondiente. Además, se podrá incautar mercadería presuntamente vinculada con la comisión de ilícitos, así como hacer requisas en las cárceles nacionales o provinciales.
A lo largo del dictamen de mayoría se determina que podrá inmovilizar activos de personas humanas o jurídicas, previa orden judicial, cuando existieren sospechas de un vínculo con una organización criminal. También los investigadores con previa orden judicial podrán realizar allanamientos sobre los domicilios de un área determinada.
Ante la urgencia los allanamientos podrán ser autorizados por el Ministerio Público Fiscal (MPF) por cualquier medio, dando inmediata noticia a la autoridad judicial competente que emitió la orden original.
Otra potestad que tendrán será interceptar llamados telefónicos, mensajería de redes sociales, plataformas virtuales y otras formas de comunicación, con orden de la autoridad judicial competente y mediante los sistemas que prevé la ley. "Si la urgencia lo justificare, con el fin de no malograr una pesquisa, se podrá continuar la cadena de interceptaciones que surjan de las comunicaciones previamente interceptadas, con autorización del Ministerio Público Fiscal y dando noticia inmediata a la autoridad judicial competente, a disposición de la cual debe ponerse la pesquisa dentro de las veinticuatro (24) horas", señala el dictamen de mayoría.
Con información de El Litoral
