La Corte Suprema santafesina dio a conocer la conformación del Tribunal Electoral para 2025, al que corresponderá intervenir en los comicios locales a realizarse el año que viene y también en los de convencionales constituyentes para la reforma de la Constitución Provincial.
El cuerpo estará presidido por quien fue electo por sus pares para encabezar la Corte Suprema en el próximo período, el ministro decano Roberto Falistocco. En tanto, los vocales resultaron del correspondiente sorteo, y son el camarista penal de Rosario Alfredo Ivaldi Artacho y el camarista civil y comercial de Santa Fe Roberto Dellamónica. Como suplentes actuarán el camarista civil de Rosario Marcelo Molina y el camarista penal de Santa Fe Alejandro Tizón. Jorge Barraguirre se desempeñará como procurador, quien cumple esa función en la Corte Suprema.
Además de la particularidad del hecho de que Falistocco vaya a presidir el Tribunal Electoral en un año en que el gobierno santafesino aspira a renovar la integración de la Corte (Mario Netri acaba de retirarse y María Angélica Gastaldi lo hará a partir del mes de abril, y el Ejecutivo impulsa a casi todos los demás ministros a que la hagan, por superar los 75 años de edad), también se da en este caso la de que vuelve a desempeñarse en ese cargo el camarista Ivaldi Artacho, a quien ya le tocó hacerlo en 2023 bajo la presidencia de Daniel Erbetta, en un período en el que se tomaron decisiones cruciales y luego judicializadas.
Polémicas
Tanto es así que el Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados rechazó en noviembre pasado la denuncia que el diputado provincial Fabián Palo Oliver presentó contra Ivaldi Artacho y su colega santafesino Armando Drago, quienes junto a Erbetta habilitaron el voto de jóvenes de 16 y 17 años por primera vez en las últimas elecciones provinciales. Con idéntico fundamento hizo un planteo contra Erbetta, que por su condición debe ser resuelto por la Legislatura como parte de un proceso de juicio político, y sobre el que aún no hubo definición.
El legislador también objetó la interpretación del decreto provincial 9280, que exige un piso del 3 % del padrón para acceder a una banca legislativa, y el Tribunal Electoral santafesino consideró inaplicable, por haber sido fijado por un decreto del gobernador de facto Héctor Salvi en 1983, y quedado sin efecto tras la sanción de la legislación que instituyó las Paso. En base a eso consideró que la banca correspondía a Rubén Giustiniani. La Corte Suprema santafesina convalidó esta interpretación del Tribunal Electoral, pero la Cámara de Diputados la desconoció, manteniendo el criterio tradicional fijado por el decreto 9280, y le restituyó el escaño a Palo Oliver.
Por otra parte, sobre la base del decreto de convocatoria a elecciones en la provincia el año próximo, al Tribunal Electoral le competerá intervenir no solamente en la renovación de autoridades locales (concejales y presidentes comunales), sino también de de convencionales para la reforma de la Constitución Provincial. Según el cronograma previsto, el domingo 13 de abril se elegirán los 69 representantes encargados de discutir los cambios en la Constitución de Santa Fe. Ese mismo día, serán las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para seleccionar los candidatos que competirán en las elecciones generales previstas para el 29 de junio.
En 2023 el Tribunal Electoral de Santa Fe también estuvo en la agenda política central, cuando Erbetta se negó a firmar el tradicional acuerdo de colaboración entre el organismo provincial y la Cámara Electoral Nacional, por considerar que el monto de 55 millones de pesos requerido para la provisión de padrones y servicios complementarios era "muy elevado".
Según reveló en aquel momento El Litoral, el magistrado exigió conocer el detalle y la justificación del gasto; y en segunda instancia, alertó sobre una situación dispar y en apariencia, discrecional. Advirtió que jurisdicciones como Córdoba, incluso con más electores que Santa Fe, pagaban una suma significativamente menor; y que para otros distritos, el servicio se ofrecía directamente sin cargo. Finalmente, la tarea fue asumida por la propia provincia.
